Si hace un par de meses alguien nos hubiera dicho que el Consejo de Estado, órgano que preside la que fue vicepresidenta del zapaterismo, María Teresa Fernández de la Vega, o quizá de la Vogue, iba a poner a parir el decreto del sanchismo para repartir los fondos europeos, no lo habríamos creído. Sí habríamos aceptado en cambio que esta calamidad de Gobierno iba a esconder el informe del Consejo a todo el mundo, está en su naturaleza. Nunca fui un fan radical de la vicepresidenta De la Vega, pero en esto nos movemos dentro de la más estricta aplicación de la Ley de Murphy y tampoco habría podido imaginar que el hombre fuerte del sanchismo y encargado de organizar el reparto de los 140.000 millones fuese Iván Redondo. Otro tanto nos pasaría al comparar a las dos vicepresidentas socialistas: la proponente, Carmen Calvo, y la criticante María Teresa. Efectivamente, podía empeorar y lo ha hecho. Este asunto lo venían manejando a cencerros tapados, metáfora que cuadra divinamente a la condición semoviente de buena parte del Consejo de Ministros. Y ministras, claro.
El dictamen del Consejo de Estado no era preceptivo para aprobar el decreto ley de marras, pero eso no quiere decir que se pueda pedir impunemente, porque al hacerlo así, Sánchez y la cuadrilla han incumplido tres leyes: la Ley del Gobierno (art. 26º.8) que establece la obligación de enviarlo al Congreso; la Ley de Transparencia, (art. 7º.d) al no publicarlo y la Ley Orgánica del propio Consejo de Estado, (art. 2º. 2) al no citar en el texto del decreto que se ha pedido ese informe.
Así las cosas, ha sido el propio Consejo de Estado el que ha dado a conocer su informe con una crítica severa al Gobierno, que Carlos Segovia resumió en la falsedad del título y siete chapuzas esenciales, cada una de las cuales no anularía por sí misma el decreto, pero cuya corrección era imprescindible para contar con el visto bueno del Consejo de Estado. Mari Tere le hace saber a Mari Carmen que el título que el Gobierno ha puesto al Real Decreto no corresponde, sería más ajustado al contenido: “medidas urgentes para el acceso a los fondos europeos…”. Aprecia el Consejo deficiencias en la Memoria Económica, la supresión de instrumentos de control, en especial los principales controles económico-presupuestarios; también critica la supresión de la fiscalización previa, así como la eliminación de informes preceptivos, por no hablar de la aportación que la gentil ministra de Hacienda ha hecho a la causa al suprimir con la alegría que es marca de la casa, el informe de la Intervención General del Estado, que depende de su Departamento. Naturalmente no podían dejar de equivocarse con el calendario: la aprobación por la Comisión de Subsecretarios que preside Carmen Calvo, es trámite inmediatamente anterior al paso por el Consejo de Ministros, pero la aprobación del decreto se produjo antes de que el Consejo de Estado aprobara su dictamen.
Este decreto tan chapucero pudo ser aprobado por la abstención de Vox el pasado 28 de enero, sin que la desautorización del Consejo de Estado haya hecho arrepentirse a los de Abascal. Y mucho menos a la cuadrilla del doctor Sánchez. Después de todo con peores materiales le armaron la tesis.