9-N: Entre el desacato y la impunidad

Mas no celebró su referéndum oficial, pero ha tomado la medida al Estado, y de tal manera que el presidente catalán puede decir que en España sale gratis incumplir la Constitución

AL final, hubo votación en Cataluña sobre la independencia, con la dirección, planificación, financiación y ejecución del Gobierno autonómico. Desde el Palacio de la Moncloa se reiteró el mensaje monocorde de que el referendo era ilegal y no tendría efectos jurídicos. Es cierto que ayer no se celebró la consulta «oficial» que convocó Artur Mas el 27 de septiembre pasado, pero tal consulta nunca tuvo posibilidad de celebrarse porque lo iba a impedir en todo caso la prerrogativa que la Constitución concede al Gobierno central de dar a sus recursos ante el Tribunal Constitucional el efecto de la suspensión inmediata de las disposiciones autonómicas impugnadas.

Lo que sucedió ayer era lo que realmente tenían previsto Ar

tur Mas y sus socios separatistas: una gran movilización social cualificada por el aparente ejercicio democrático de votar en urnas una propuesta de independencia. Desde este punto de vista, ayer sucedió lo que los nacionalistas habían planteado. Solo cambió la forma en que debía suceder. Y lo que ha pasado es que, en efecto, Mas mintió –pero no puede decirse que engañara– a millones de catalanes cuando les ofreció un proceso que acabaría conduciendo a la independencia. No lo logró ayer, ni lo logrará nunca mientras esté vigente la Constitución de 1978. Es más, el trasfondo político de ayer es la impotencia nacionalista de romper la estructura constitucional del Estado. Sin embargo, la respuesta del Estado no pudo ser de menor intensidad, lo que permitió a los secesionistas gozar de una percepción de triunfo propagandístico. Aunque parezca un contrasentido, el fracaso de los nacionalistas en su objetivo jurídico hacia la independencia convive con el éxito de imagen que han conseguido al granjearse la impunidad de las ilegalidades cometidas hasta ahora. De hecho, la Fiscalía General del Estado se limitó ayer a emitir una irrelevante nota de prensa de apenas seis líneas en la que solo comunicaba a la opinión pública que «recaba datos» para decidir si ejerce o no acciones legales. Ni una sola valoración jurídica de los abusos cometidos en instalaciones públicas puestas al servicio de la secesión o sobre la permisividad de los responsables y voluntarios ante actitudes abiertamente ilegales. En España no puede dar la sensación de que sale gratis incumplir la ley.

Y aquí radica el gran problema para el futuro en las relaciones del Gobierno central con el catalán, porque con los precedentes acumulados han quedado en entredicho la soberanía del Tribunal Constitucional, desacatado por Artur Mas; la autoridad disuasoria de la propia Fiscalía, burlada por la descarada autoincriminación de Mas; y la posición central del Parlamento, como depositario de una soberanía nacional negada desde una Administración del Estado. Se puede estar de acuerdo en que Artur Mas no celebró su referéndum oficial. Pero ha tomado la medida al Estado.

Las bases y condiciones de cualquier posible nueva etapa de diálogo entre ambas administraciones deberían haber sido definidas por el Gobierno central mediante el ejercicio firme de los mecanismos constitucionales de protección del interés general. No ha sido así. Las impugnaciones ante el TC no produjeron más que el efecto formal de la suspensión de las convocatorias de las consultas separatistas. Solo en caso de que la Fiscalía General hubiera ordenado actuar contra el Gobierno catalán por desacato habría quedado a salvo la autoridad del TC y la fórmula de la prudencia demostrada por Moncloa habría ganado crédito. Pero la Fiscalía se opuso a la retirada de las urnas, dando pie a decisiones judiciales que, a mayor abundamiento, apelaban a la libertad de expresión de los votantes. Solo uno de los tres jueces que se pronunciaron ayer adivinaba posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de dinero público en los responsables del sucedáneo de consulta. Pero ninguno dio una sola instrucción, una sola orden, para retirar las urnas.

Ahora el Gobierno central quiere abrir una nueva etapa de diálogo. Los nacionalistas la aceptarán sin duda porque recibir una oferta así, y no una citación para el juzgado, es un éxi

to, aunque probablemente la aprovecharán para imponer a renglón seguido su propio guión. Ven al Gobierno de Rajoy como el representante de un Estado indeciso a la hora de aplicar sus propias leyes. Neutralizados los instrumentos disuasorios del Estado de Derecho, el nacionalismo puede aspirar a mejorar el balance de resultados, sin que el 9-N pase factura alguna. ¿Qué sentido tendrá a partir de ahora advertir al nacionalismo catalán de que sus decisiones serán llevadas ante el TC? Mas debe una explicación a los catalanes; y Rajoy, al resto de los españoles, porque ayer Cataluña protagonizó una crisis de su relación con el resto de España. No aceptarlo así es engañarse. Debemos saber qué se propone el Gobierno para el futuro inmediato en relación con Cataluña y sus dirigentes actuales, porque la expectativa de unas elecciones autonómicas augura una mayoría nacionalista aplastante. España necesita que su Gobierno tome iniciativas políticas para los grandes problemas, más allá de la recuperación económica.