El PSOE ha confirmado este lunes que estudia una propuesta de «financiación singular» para Cataluña, después de que en los últimos días María Jesús Montero, Salvador Illa y Pedro Sánchez prepararan el terreno para este nuevo otorgamiento a la agenda del separatismo. La portavoz socialista se ha escudado en que la mejora de la financiación catalana ya estaba incluida en el acuerdo entre ERC y PSOE para la investidura de Sánchez, en su programa electoral y en el compromiso del desarrollo del Estatut.

Es decir, que los socialistas recurren una vez más a circunloquios y eufemismos para atenuar lo inaceptable de su modus operandi, consistente en intercambiar privilegios a cambio de votos. En este caso, los de ERC para investir al candidato del PSC.

Por eso, supone una impostura manifiesta tratar de desvincular este nuevo debate del contexto postelectoral catalán, alegando que la reforma de la financiación autonómica afectará a todas las comunidades, y que la «singularidad» se tratará en el marco de un cambio en el sistema en su conjunto.

Porque, como han explicado expertos fiscalistas a este periódico, no es posible encajar la «singularidad» en un régimen fiscal común. Por mucho que insistan Ferraz y Moncloa en que no aceptarán un cupo para Cataluña como el vasco (algo dudoso a la vista del historial de líneas rojas franqueadas por el presidente), contemplar cualquier especificidad conlleva un sistema fiscal propio.

La única posibilidad que satisface los términos del PSOE de «articular una financiación singular para un territorio» es, por tanto, un concierto económico, por el que Cataluña recaudase la totalidad de sus tributos. Y esto implicaría detraer importantes recursos de las arcas del Estado.

De ahí que quepa tildar de falso, como ha argumentado la portavoz socialista, que esta reforma sea compatible con «garantizar la igualdad entre ciudadanos de este país». Cataluña es la segunda región más rica de España, lo que supone que allí también tributan las rentas altas que pagan más en impuestos.

Por eso, los expertos consideran que la financiación singular para Cataluña perjudicaría principalmente a las regiones con menor renta, dado que habrá menos recursos disponibles para financiar la redistribución y garantizar los mismos servicios en todos los territorios de España.

Es razonable por tanto que se hayan sucedido en los últimos días las protestas de presidentes autonómicos que se han levantado contra esta flagrante transgresión del principio de solidaridad interterritorial. Y no sólo de las doce CCAA gobernadas por el PP, que se opondrían en bloque a esta reforma asimétrica del sistema de financiación.

También los barones regionales del PSOE han expresado su frontal rechazo. Más allá del habitual disidente Emiliano García-Page, entre las federaciones socialistas empieza a cundir un germen de cisma contra lo que se considera, no sin motivo, un olvido del programa redistributivo que se le presupone a cualquier ideario progresista que se precie.

La Ley de Amnistía ya fue suficientemente difícil de tragar para muchos socialistas, pero la financiación diferenciada puede ser indigestible.

Cuando no es únicamente la igualdad jurídica la que se ve desafiada, sino ahora la igualdad económica entre las distintas administraciones autonómicas, se toca un «asunto troncal», como ha señalado Javier Lambán en conversación con EL ESPAÑOL, que «quiebra las expectativas electorales del PSOE». Y si es la propia supervivencia de la organización territorial del PSOE lo que se ve amenazado, cabe aventurar una rebelión más contundente que la que se produjo contra la amnistía.

¿Cómo se concilia, en cualquier caso, una negociación de financiación singular para una región concreta, a la sazón acaudalada, con el tercero de los Ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye entre sus objetivos la «cohesión social y territorial»?

Por lo pronto, parece que la amnistía no era la última parada en el camino de la desigualdad que ha traído la reelección de Sánchez.