La aplicación ‘antiporno’ con la que el Gobierno pretende impedir el acceso de los menores a las webs pornográficas está siendo objeto de burla en las redes sociales, que la han bautizado de forma jocosa como ‘pajaporte’ y que le han augurado el mismo ‘éxito’ que el del ya olvidado pasaporte Covid.

La app, presentada por el ministro de Transformación Digital José Luis Escrivá y que todavía se encuentra en fase de desarrollo, permitirá identificar al usuario con su DNI electrónico antes de entrar en una web porno. El objetivo es garantizar que este es mayor de edad. La app funcionaría como un ‘bono’ de 30 ‘visitas’ válidas para un mes.

La app de Escrivá no sólo plantea dudas sobre el respeto a la privacidad y a la libertad de empresa, sino también sobre su viabilidad técnica, sobre su utilidad y sobre la legitimidad de la intromisión del Gobierno en las vidas de los ciudadanos.

Según el ministro Escrivá, siete de cada diez adolescentes consumen pornografía de forma regular. La mayoría de ellos se inician en el porno entre los nueve y los once años.

La necesidad de impedir el acceso de los menores a la pornografía puede por tanto ser razonable, pero el método escogido para evitarlo es tan intrusivo como inútil.

En primer lugar, la aplicación sólo sería efectiva en webs radicadas en España. Una medida tan fácil de esquivar para empresas cuya infraestructura está en la ‘nube’ como cambiar su sede digital a otro país, una gestión digital que apenas lleva unos minutos.

Además, como informa hoy EL ESPAÑOL, las diez webs pornográficas más visitadas en España están todas radicadas en el extranjero, con lo cual podrán seguir siendo visitadas tanto por menores como adultos sin cortapisas de ningún tipo.

Por otro lado, la aplicación permite que nos preguntemos sobre su intromisión en la vida privada de los ciudadanos. Porque mientras la pornografía sea legal, ¿con qué legitimidad pide el Gobierno los datos personales de los ciudadanos que accedan a esas webs? ¿Qué garantías da de que esos datos no serán utilizados con fines espurios?

¿Y que garantías de seguridad ofrece para la protección y el anonimato de esos datos?

Por el lado de las empresas, la aplicación también plantea problemas. Porque el control de acceso es, de forma evidente, un obstáculo que reducirá al mínimo los usuarios de esas webs y que las condenará a la desaparición. Porque ¿qué usuario, pudiendo entrar en una web de libre acceso, le entregará sus datos al Gobierno para entrar en una con control de entrada? ¿Y qué empresa permitirá que el Gobierno disponga de una base de datos, por otra parte fácilmente hackeable, de sus clientes y usuarios?

La aplicación parece finalmente escasamente respetuosa, por no decir contraria, a los derechos individuales. Si el Gobierno decide limitar y controlar el acceso a unas webs concretas cuyo contenido es legal, ¿qué garantías hay de que no repita el proceso en otro tipo de sectores que aspire a controlar por uno u otro motivo, beneficiando a unas empresas en perjuicio de otras en función de criterios ideológicos o de interés político?

Este diario comparte la necesidad de limitar el acceso de los menores a las webs pornográficas. Pero como cualquier otro intento de poner puertas al campo en internet, la aplicación de Escrivá será inútil y caerá pronto en el abandono.

El Gobierno, además, no debería ser jamás el que limite el acceso a esas webs mediante un sistema de identificación de sus usuarios, algo que remite a escenarios de control asociados a otro tipo de regímenes. Y sólo hay que echarle un vistazo a la lista de países que controlan el acceso de sus ciudadanos a internet para comprender de qué hablamos: Corea del Norte, China, Irán, Pakistán, Cuba, Turquía, Siria, Arabia Saudí…

¿Quiere España pertenecer a ese club?