No es casual que los medios sean el principal objetivo de la iniciativa. Ni que esta haya surgido tras seis años en el poder, justo cuando los poco estéticos negocios de Begoña Gómez han colocado al presidente en una situación incómoda tras empujarle a un insólito retiro de cinco días al ser imputada su esposa por un juez. Puede haber existido algún exceso o incorrección en informaciones publicadas al respecto -con toda seguridad los ha habido en las redes sociales-, pero nada que justifique la atribución de los problemas judiciales de su pareja a «bulos» o a una supuesta «máquina del fango», ni por lo que la interesada haya presentado denuncias en los tribunales o se haya acogido al derecho de rectificación.

El grueso del plan presentado ayer es la transposición de normas comunitarias. El reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, que España ha de incorporar antes de agosto de 2025, ya exige medidas de transparencia sobre su titularidad -sobradamente conocida en la inmensa mayoría de los casos- y fuentes de financiación. Lo hace para preservar su independencia y la libertad de expresión, no para señalar supuestos intereses bastardos. Disfrazar de regeneración democrática un registro para fiscalizar a la Prensa con esos datos, un cambio de criterios en el reparto de la publicidad institucional y su «limitación» es una exageración que no se sostiene. Como es discutible la necesidad de reformar los delitos sobre la libertad de expresión. El Gobierno debería actuar con sumo cuidado si quiere utilizar como cortina de humo de sus debilidades una cuestión tan sensible en un Estado de Derecho.