Cristian Campos-El Español
 
 

1.Si Pedro Sánchez quería triturar a los medios rebeldes que siguen investigando y publicando informaciones sobre Begoña Gómez, ¿por qué no ha traspuesto directamente el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación de la UE, que es de aplicación directa en España?

¿Para qué arriesgarse a una derrota en el Congreso de los Diputados cuando una buena parte de las medidas de su Plan de acción por la democracia copian las del reglamento europeo?

2. Ese reglamento europeo, aprobado por cierto por una amplia mayoría de socialistas y populares en el Europarlamento, no es especialmente favorable a las libertades de prensa y de expresión («la mejor ley de prensa es la que no existe» decimos siempre los periodistas). Especialmente en su apartado de «lucha contra la desinformación», que para la UE incluye desde las intoxicaciones rusas hasta una entrevista de Elon Musk a Donald Trump.

Así que, bien manejado, ese reglamento le habría permitido un amplio margen de actuación al presidente en su objetivo de someter a la prensa díscola.

Vamos, que la opción fácil era trasponerlo, y dejar luego que la autocensura funcionara sola. Por qué no lo ha hecho así Sánchez es un misterio.

3. En cuanto a las medidas no incluidas en el reglamento europeo, ¿cómo piensa Sánchez aprobarlas? ¿De verdad cree el presidente que el PNV o Junts aceptarán ser fiscalizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?

¿Cree el presidente que ese inmenso ecosistema de digitales, radios y televisiones en lenguas regionales minoritarias, sin lectores, ni espectadores, ni por supuesto críticas al poder cantonal, vive de la «transparencia», o más bien de la opacidad más absoluta?

4. La mayor ironía de todas, y la que debería hacer que todos los españoles nos tomáramos a risa la presunta preocupación del presidente por el «buen periodismo», la «transparencia» y la «pluralidad», es que su Plan de acción por la democracia fue antidemocráticamente filtrado a dos medios sanchistas antes de la comparecencia de Félix Bolaños y Ernest Urtasun.

¿Cómo cuantificamos a la hora de medir las audiencias «reales» el doping de las filtraciones del Gobierno a sus medios amigos?

5. Aunque para ironía, la de que el plan para el rescate de la princesa del periodismo de las garras del monstruo de los bulos fuera explicado por Urtasun, líder oficioso de un partido que quiere acabar con los medios de comunicación privados, restringir la libertad de expresión hasta reducirla a un chiste y triturar el derecho a la información de los ciudadanos, que en su cabeza no es libertad, sino libertinaje.

¿Es que no estaba Nicolás Maduro a mano para presentar el plan?

6. Sánchez quiere obligar a los partidos a participar en debates electorales quieran o no quieran. El objetivo, claro, es conseguir la foto de Feijóo como el jamón de un sandwich cuyo pan Bimbo a su derecha sería Santiago Abascal y el pan Bimbo a su izquierda, Alvise. Con esa foto y medio editorial de la SER, Sánchez te gana unas elecciones.

7. El problema, claro, es cómo se articula eso. Porque el PSOE de Zapatero ya intentó algo similar, pero acabó abandonando el proyecto ante la imposibilidad de vehicularlo de forma coherente.

¿Qué debates? ¿Dónde? ¿Con qué formato? ¿Con qué participantes? ¿Moderado por quién? ¿Qué hará el Gobierno si alguien se niega a comparecer? ¿Pedir que la Guardia Civil lo lleve a rastras al estudio de televisión y lo arroje a los pies de Silvia Intxaurrondo y Xabier Fortes?

8. El plan incluye 31 medidas para cuya ejecución serán necesarios al menos cinco ministerios, las Cortes Generales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Secretaría de Estado de Comunicación, además de la complicidad, por no decir la sumisión, de las propias víctimas de la regulación: los medios de comunicación.

Y eso lo va a conseguir un Gobierno incapaz de aprobar sus Presupuestos Generales o de evitar que el Congreso de los Diputados reconozca la victoria electoral de Edmundo González en las elecciones presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio.

9. Buena suerte al Gobierno con la definición de lo que es y no es un medio de comunicación en el siglo XXI.

10. Buena suerte también definiendo lo que es el «buen periodismo» sin que con la etiqueta de mentirosos, manipuladores, intoxicadores y sectarios se vayan por el desagüe unos cuantos medios y organismos públicos. Pero si hay que hablar de La 1, de Radio Nacional de España, de EFE o del CIS, por no hablar de TV-3 o de Euskal Irrati Telebista, hablemos. Los buenos periodistas estaremos encantados de participar en ese debate y aportar toneladas de ejemplos de periodismo basura.

11. ¿Cómo pretende el Gobierno manipular, porque ese es su objetivo final, a las agencias de medición de audiencias para que beneficien a sus medios de cabecera? ¿Cuántas modificaciones de la metodología serán necesarias, y en qué sentido, para que el burro cante? Es decir, para que Comscore, GfK y Google Analytics digan que El País está por delante de EL ESPAÑOL.

12. Esos límites a la financiación que las Administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación con el fin de que no haya medios impulsados por o dependientes de Administraciones públicas, ¿incluye a los medios públicos o sólo opera para los privados? ¿Opera para los medios de Moncloa? ¿Opera para los medios en lenguas regionales con un número cada vez menor de hablantes? ¿O habrá excepciones de «discriminación positiva» para todos ellos?

13. El presidente que sólo ha celebrado un Debate sobre el estado de la nación en siete años de presidencia (ocurrió en 2022) dice que lo va a convertir en obligatorio una vez al año. Habrá que creerle. ¿Cuándo ha mentido Sánchez antes? 

14. El Gobierno quiere obligar a que las encuestadoras privadas publiquen los microdatos de sus encuestas. No habrá problema, por supuesto. Aunque lo verdaderamente interesante sería conocer las macromanipulaciones del CIS.

15. La prueba de que a Sánchez le importa un rábano la calidad de la información que reciben los españoles es que su plan incluye la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación, el arma secreta que todos los gobiernos utilizan cuando quieren que la solución X a un problema Y se eternice durante Z tiempo.

16. El plan de Sánchez propone también «abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística».

Yo se lo traduzco: a partir de ahora, usted podrá insultar, vejar, difamar y pedir el exterminio de la Familia Real, la Iglesia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de cualquier otro grupo social que pueda ser etiquetado como «derecha» o «extrema derecha».

Pero mucho ojo con hacer un chiste sobre menas, pedir el fin de la tolerancia con la okupación o exigir la repatriación de los inmigrantes ilegales, porque le va a caer una querella por delito de odio en menos que canta un gallo.

17. «Aprobación de una Estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación» dice el plan de Pedro Sánchez. Lo repito: de Pedro Sánchez. Lo repito por tercera vez, por si no ha quedado claro: dice Pedro Sánchez que va a luchar contra las campañas de desinformación. Sí, ese Pedro Sánchez. El de la Moncloa.

18. Pero ¿saben lo más gracioso de todo? Que ni una sola de las 31 medidas del Plan de acción por la democracia servirá para evitar los bulos, la desinformación o las campañas de intoxicación. Desde luego, no los del Gobierno y sus medios de cabecera. Pero tampoco los de los otros.

No es que esos bulos, esa desinformación o esas campañas de intoxicación sean un problema real (el libre mercado los ha gestionado sin problemas hasta la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno). Pero incluso aceptando la premisa de partida, es decir, la presunta buena voluntad del Gobierno, este plan es un bluf.

Para acabar con la desinformación sólo habría que convocar elecciones generales. Mano de santo.