- No es de justicia que un administrador de una empresa responda personal y patrimonialmente de su gestión y los administradores públicos, que manipulan dinero de los ciudadanos, no
Según cifras del Instituto de Estudios Económicos la presión fiscal en España en el año 2022 fue del 42% del PIB. Es decir, de todo lo producido en nuestro país en ese año, el 42% se lo llevó el Estado (en EE. UU. fue del 27 %). Durante los años 2023 y 24 se han producido subidas de impuestos y nuestro Duce Lamborghini ha anunciado otra bastante brutal, por lo que la presión ha aumentado y va a aumentar todavía más. Si a eso sumamos las cotizaciones sociales tenemos que cerca del 50 % del PIB se lo llevan las administraciones públicas y no permanece en manos de los ciudadanos y de las empresas.
Otro dato: según el Banco de España, en junio del presente año la deuda pública de España suponía el 108,2 % del PIB.
En conclusión. Un reducido grupo de personas controlan, disponen, manipulan aproximadamente el 158% del PIB. La suma de la recaudación fiscal más las cotizaciones sociales y más la deuda pública, que la incrementan sin control como una peligrosa bola de nieve. Un grupo reducido dispone de unas cantidades de riqueza enormes y disparatadas que pertenecen al grueso de la población. Antes de entrar en otros detalles, la mera constatación de esta realidad supone ya un despropósito injustificado y algo que repugna a la lógica, a la justicia distributiva y a la moral humana. ¿Cómo se llama este sin sentido? Se llama socialismo y la mera descripción expuesta explica la razón por la que el socialismo genera pobreza al arrebatar recursos a la población de manera abusiva y la pobreza provoca ausencia de libertad.
Dada la afición del PSOE, que ya vimos con Zapatero, a tener un déficit adicional oculto, a no dar toda la información de la contabilidad nacional o a manipular esta, seguro que la realidad es aún más grave para la nación. Si a esa injusta apropiación de cantidades estratosféricas le sumamos el control de las comisiones y organismos regulatorios y ahora el del Banco de España y le adicionamos la falta de independencia judicial, la censura y el control de los medios de comunicación y de la educación nos encontramos con una verdadera dictadura socialista. Disfrazada de democracia sí, pero se trata tan solo un disfraz. Y lo peor de estas dictaduras, el gran daño y riesgo que conllevan, es que debido a su camuflaje no se las combate.
En frente nos encontramos con partidos políticos que supuestamente debieran combatir el socialismo, pero que viven acomodados en el sistema y del sistema. Los «populares» de los que no sabemos que son, pacen aquí y en Europa en compañía de los socialistas sin que realicen la más mínima propuesta de poner en régimen de adelgazamiento a las elefantiásicas estructuras del Estado y de las administraciones comunitarias.
Hay otros partidos en Europa que, a pesar de llamarse liberales, lo son solo de nombre. Parece que el liberalismo se ha quedado reducido a tener una buena y educada convivencia con las otras fuerzas y vivir del sistema como ellas. Para definir el resto del panorama podemos cantar aquello de la Zarzuela La Gran Vía: ¿Liberal? ¿Liberal? Ahora no hay de ese percal.
Qué bien le vendría a España un partido que de forma contundente promoviese acabar con la situación de abuso fiscal y de deuda descrito al principio del artículo. Y explicase las razones por las que el aumento de la deuda es una grave inmoralidad al afectar a la ciudadanía presente y futura. Y que también promulgase una limitación a la presión fiscal, además de hacer una liposucción a las administraciones públicas. Liberal también sería acabar con el quebrado sistema de pensiones de reparto para implementar uno de capitalización con posibilidad de tener gestión privada y, aquí usaríamos correctamente la palabra, sostenible.
El objetivo de no tener intervenidos los mercados, de evitar que el gobierno pueda mangonear en las empresas como hace el Duce Lamborghini con Telefónica, Indra, Talgo, BBVA y con las demás a las que ahora quiere limitar sus inversiones en el exterior, debiera ser irrenunciable. Así como el de impedir que los partidos elijan al CGPJ, al TC, a la CNMV o la de Mercados y Competencia y que el gobernador no ponga al Banco de España al servicio del gobierno.
Creo que muchos ciudadanos estarían de acuerdo también con establecer el mismo trato para el sector privado y para el público y el político. No es de justicia que un administrador de una empresa responda personal y patrimonialmente de su gestión y los administradores públicos, que manipulan dinero de los ciudadanos, no. Que una empresa privada pueda ser imputada penalmente como consecuencia de actos de sus administradores y que un partido político que se lleva el dinero de los ERE o da un golpe de Estado no lo sea.
Un partido que quisiera garantizar la libertad de educación, ya que es la forma que tienen los padres de fomentar la calidad de la misma y no el control gubernativo de ella. Y que divulgase más allá de la red X las teorías de los profesores Von Mises, Hayek o Friedman, por ejemplo.
Podría seguir con muchos otras cuestiones, pero al final, lo realmente importante y válido para reestablecer las libertades individuales y recuperar y aumentar riqueza personal de los ciudadanos es la voluntad de los partidos de dejar de pastar y sestear en el actual modelo socialista, acabar con la castrante hiperregulación dando al individuo la facultad de ser creador y gestor de su propio proyecto de vida.
- José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario