Alo largo de esta semana el Tribunal Supremo ratificará su decisión de que la ley de Amnistía no se puede aplicar al delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’, algo que, no por esperado, deja de ser importante, pues dará vía libre a los inhabilitados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de encontrar en el órgano que preside Conde-Pumpido lo que la justicia les ha negado.

No hay duda de que en un momento de tensión como el que se está viviendo en Domenico Scarlatti, donde, sin haber empezado a abordar los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobre la amnistía, ya se pone en duda hasta la propia composición del tribunal, el aterrizaje de estos amparos introducirá más presión en la olla en la que se cocinan nada menos que veintisiete recusaciones a las que, con motivo de estos amparos, habrá que añadir otras nuevas o, en su defecto, abstenciones. No hay que olvidar que la defensa de Junqueras recusó en 2021 al hoy presidente del TC por no ser «neutral ni imparcial» y que, adelantándose al Pleno que iba a avalar esa recusación, el propio Conde-Pumpido se abstuvo de todos los asuntos relacionados con el ‘procés’. La inhabilitación del líder de ERC parece que algo tiene que ver con aquel procedimiento, aunque es muy probable que en esta ocasión Junqueras no quiera apartarlo.

Y es que los tiempos han cambiado. Hasta las prisas por aplicar la amnistía -la propia ley puso dos meses de plazo- y por dar una respuesta inmediata a la esperada detención de Puigdemont en Barcelona en agosto -se dice que el auto aceptando las cautelarísimas para salvarle de la cárcel ya estaba preparado- han mutado ahora a un escenario de calma tensa, hasta el punto de que la resolución de los recursos de inconstitucionalidad se fía a mediados o incluso a finales del año que viene, a las puertas del final del mandato de Conde-Pumpido.

Si en ver las abstenciones del magistrado y exministro Juan Carlos Campo se ha tardado dos plenos (son quincenales), debatir veintisiete recusaciones de forma fraccionada y con la tensión que en estos momentos hay acumulada puede llevar meses, confiesan fuentes del Tribunal. Lo cierto es que en paralelo, el delicado momento en el que se encuentra la relación de Sánchez con Junts, que amenaza con hacer saltar por los aires la legislatura, aconseja mandar el mensaje de que el Gobierno tiene la sartén por el mango. Hay que ganar tiempo, y en ese objetivo no será el Constitucional el que ponga palos en las ruedas.

Así las cosas, el recurso de Junqueras no va a tener ningún trato preferente ni un fallo que en este momento pueda volver a generar un choque con el Tribunal Supremo como el que recientemente se vio con la sentencia de los ERE, en la que no pocos constitucionalistas denunciaron en estas páginas que la mayoría progresista se estaba extralimitando y entrando en el terreno jurisdiccional al reinterpretar la sentencia del Supremo para absolver a la excúpula socialista de la Junta de Andalucía.

Ante la tesitura de inadmitir los recursos de amparo -y romper la baraja con los socios independentistas de Sánchez- o admitirlos ordenando al Supremo implícita o explícitamente que archive la ejecutoria (en la que mantiene inhabilitado a Junqueras hasta 2031), quizá lo más prudente sea esperar. Sobre todo porque en este segundo escenario el tribunal del ‘procés’ se reserva plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la especial protección de la que goza la malversación en el derecho europeo. Y en el TC saben perfectamente que quien sí tiene la sartén por el mango es Europa.