Tonia Etxarri-El Correo
Sin paños calientes para quienes malversaron en el ‘procés’. El Tribunal Supremo se ha vuelto a desmarcar de los intereses del Gobierno (es lo que tiene la separación de poderes) al rechazar la aplicación de la amnistía al delito de malversación. No se llevaron el dinero a casa –como diría Patxi López en sus explicaciones sobre la ley redactada fuera del Parlamento– pero, en esa apropiación indebida de dinero público, «medió un beneficio personal de carácter patrimonial», según el Alto Tribunal. Utilizaron fondos públicos en un proceso ilegal. En su tercera respuesta a los sucesivos recursos, la Sala Segunda formula una enmienda a la totalidad a quienes instan a los jueces a que se limiten a cumplir la norma, sin interpretarla, para amnistiar los hechos. Porque pone pie en pared. No son unos mandados del Gobierno. Y precisamente porque estamos en un Estado de Derecho, la imagen del juez como «boca muda» que debe limitar su función a proclamar consecuencias jurídicas que fluyan de la literalidad de la norma «representa una imagen trasnochada». El auto redactado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, vindica su papel independiente del Poder Ejecutivo y recuerda que, precisamente, los términos en los que se redactó la ley de impunidad no degradan a esta Sala a la condición de vehículo formal para una respuesta algorítmica.
Un varapalo en toda regla a los políticos que han estado exigiendo a los jueces que se limitaran a aplicar mecánicamente la ley, sin interpretarla. O, de lo contrario, serían considerados prevaricadores. Está el archivo lleno de citas ‘célebres’ de ministros y portavoces. La teoría del ‘ius strictum’ «que tanto ha cautivado a los absolutistas a lo largo de la historia», se extiende el auto. Total, que Junqueras, Romeva, Turull y Bassa se quedan sin el regalo prometido por el Gobierno, de momento. Pero hay recorrido. La presentación de un incidente de nulidad y el amparo ante el Constitucional. Allí les espera la toga de Cándido Conde Pumpido. Si el Constitucional solicitara al Supremo que archivara la causa, éste recurriría, por cuestión prejudicial, ante el Tribunal de Justicia Europea. Los tiempos se dilatarían.
Las malas noticias para los condenados del ‘procés’ son malas noticias para Pedro Sánchez. ERC dice que el Supremo mantiene su «rebelión contra la democracia». Palabras gruesas en un momento delicado para el propio presidente del Gobierno que está manteniendo un pulso personal con la justicia que investiga a su esposa. El resultado de los cónclaves congresuales de ERC y Junts serán determinantes para tomar la temperatura de la estabilidad de esta legislatura. Junts, que ha recuperado relaciones con el PNV, en su etapa pos-Urkullu, está dando todo el poder a sus bases para que decidan si apoyan o no a Pedro Sánchez. Su única certeza es que renovarán su confianza en el liderazgo de Puigdemont. Lo demás, no está escrito. Al menos en este patio político. Porque en el judicial, el Alto tribunal ha resuelto, negro sobre blanco, que no piensa ponerse la mordaza. El poder político, en vez de insultarlo, debería respetarlo.