Es más que probable que así sea, pero no se sabe cuánto mejorará -quizá sea difícil evaluarlo de antemano-, ni, sobre todo y eso es lo malo, nadie se ha tomado la molestia de cuantificar cuánto se incrementarán los costes del sector, como consecuencia de los gastos que deberán asumir para cumplir con las nuevas exigencias administrativas.

Es cierto que el sector turístico atraviesa un periodo de extraordinaria bonanza, pero no parecen evidentes las razones por las que esa afortunada situación conlleve la obligación pública de castigarles con la imposición de unas tareas que muchos no podrán cumplir y a todos costará mucho cumplirlas.

¿De verdad que la seguridad nacional, de la que se ocupa el ministerio con desigual fortuna, exige proporcionar datos tan prolijos como el número de móvil, el medio de pago, la relación de parentesco entre los clientes, etc., que se van a exigir junto con los habituales dirigidos a identificarlos y que son perfectamente razonables?

Y no solo se trata del incremento del coste de cumplir con la norma, en especial para aquellos establecimientos que dispongan de pocos, o de un único empleado, sino también de su dudosa adecuación con las normas europeas que garantizan la protección de los datos y la privacidad de los clientes. Con razón se le ha denominado a esta iniciativa como ‘el Gran Hermano’ y con razón ha suscitado los temores a que este exagerado refuerzo del control esconda una agresión injustificada de la privacidad.

Los sectores afectados han reaccionado con prontitud y dureza. Quieren discutir más sosegadamente con el Ministerio sobre la idoneidad de la medida para alcanzar los objetivos declarados, y en especial sobre si los beneficios que se trata de conseguir compensan los nuevos costes en los que será necesario incurrir. Máxime cuando éstos serán inmediatos y reales, mientras que aquellos no dejan de ser una intención de dudosa concreción. Así es siempre.