LA Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe) fue creada en 2003 bajo la presidencia de Manuel Chaves y con la teórica finalidad de luchar contra el paro, sin que se conozca ningún resultado apreciable en esa misión durante los ocho años que estuvo funcionando…salvo el reclutamiento de más doscientas personas vinculadas al PSOE y a los sindicatos. No faltaron entre ellas amigos y parientes de sus propios altos cargos, que encima dejaron por escrito –no siempre porque muchos correos electrónicos y otros documentos han sido borrados– las recomendaciones expresas de los beneficiarios de dichos contratos. También contribuyó a la prosperidad del sector del alterne mediante los ya famosos pagos de miles de euros con tarjeta oficial en el club sevillano Don Angelo y otros locales prostibularios. Pagos que fueron camuflados por el director general y su contable con falsas devoluciones que les han costado sendas condenas de seis y cinco años.

La fundación fue liquidada por Griñán al saltar este último escándalo –y sus trabajadores absorbidos en otros departamentos de la autonomía–, pero las investigaciones policiales y judiciales sobre su gestión siguen vivas. Y van saliendo revelaciones muy divertidas, casi todas sobre enchufes masivos de gente vinculada al entorno socialista. Como no había lugar para todos ni siquiera en la muy amplia plantilla –llegó a tener 1.600 empleados–, los directivos delegaban la faena en proveedores y demás contratistas obligándolos o ‘aconsejándoles’ hacerse cargo de los que no cabían. No deja de resultar llamativo que los frecuentadores de salones de ‘chicas’ aconsejaran, también por escrito, adjudicar todos los servicios posibles a la Federación de Mujeres Progresistas, por supuesto amañando los pliegos de licitación con instrucciones bien precisas que prueban el sentido de impunidad con que se movían. Eran los tiempos hegemónicos en que el poder y el control del gran latifundio político andaluz se ejercían con la rutina de quien administra un predio de por vida.

También era el tiempo de los ERE, esos que según la doctrina sanchista no han existido porque el Constitucional salvó a Griñán y algunos de sus consejeros de la cárcel, aunque el veredicto no niegue en ningún momento la realidad palmaria del fraude y se limite a exonerar a la cúpula de la Junta –no entera– de sus responsabilidades. Hablamos de una época en que la corrupción no era sólo una desviación puntual de poder sino una costumbre, un sistema, una tradición casi, una usanza generalizada de la que todo el mundo estaba al cabo de la calle porque se trataba de un cauce paralelo para relacionarse con la Administración sin someterse a sus siempre engorrosos trámites. Y lo que es peor, constituía un método estructural de estímulos clientelares que servían para apuntalar, y tal vez explicar en parte, los repetidos triunfos electorales.