Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
Hace ya más de dos siglos que los padres de la economía moderna teorizaron acerca de los efectos que causaban en el precio de un bien la relación entre su disponibilidad y su demanda. Enseguida se dieron cuenta de que cuanto menor era la cantidad de ese producto que se ponía a disposición del mercado más subía su precio, mientras que en sentido contrario cuanta más disponibilidad había éste bajaba más. No conozco ningún caso en el que esta ley inexorable no se haya cumplido y conozco muchos que justifican el adjetivo. Pero estoy seguro de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y exalcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, con un brillante historial político y magro curriculum económico, conocerá varios, como los conoció en su día la más ilustre aún Ada Colau, la impagable alcaldesa de Barcelona, a quien Madrid le debe una calle por sus desvelos en dejar atrás a la ciudad que administraba (?). Lo digo por sus insistencias en llevar la contraria a la teoría, y a los hechos también, con su afán e insistencia en pretender solucionar el problema de la vivienda en España a base a entorpecer el aumento de la oferta, tras adoptar medidas que caminan en sentido perfectamente contrario al expuesto por la teoría.
Ayer mismo, sin ir más lejos, el flamante nuevo gobernador del Banco de España aseguraba que no le constaba eso de que topar el alquiler (es decir entorpecer la oferta) impactase positivamente en el precio de la vivienda. Una forma educada de decir que la manía interventora del Gobierno y de sus colegas de izquierda provocarán con facilidad el efecto contrario al pretendido. Hasta hace pocas semanas, el señor Escrivá ha compartido asiento con la señora Rodríguez en el Consejo de Ministros, pero súbitamente ha recordado la teoría y ahora ‘aconseja’, que no fiscaliza, al Gobierno que sería mejor aumentar la oferta que entorpecer su camino al encuentro de la demanda.
En un primer ataque de genio, la ministra anunció que las comunidades autónomas díscolas que no cumpliesen sus deseos de intervenir en los alquileres serían castigadas con una menor adjudicación de fondos públicos. Pero enseguida recapacitó y se dio cuenta de que tal comportamiento, además de injusto y discriminatorio, podría abollar varias leyes. Así que ha decidido dar marcha atrás y modificar la orientación de su amenaza de tal manera que en adelante propone premiar a quien le haga caso y no hacerle caso a quien no se ajuste a sus deseos. Pues ya puestos debería avanzar más en la rectificación.