El Tribunal de Justicia de la UE ha concluido que la Unión no puede suscribir acuerdos pesqueros y agrícolas sin el consentimiento de los saharauis sobre la explotación de aguas y tierras que Marruecos considera suyas. Con la adenda de que presenta al Frente Polisario como interlocutor institucional. La sentencia va más allá del establecimiento de criterios compartidos para la explotación de recursos naturales cuando ni las millas adentro del Atlántico que pudieran considerarse saharauis ni las posibilidades que ofrecen las tierras susceptibles de ser reivindicadas como una posesión ajena al poderío marroquí representan un valor de cambio crucial entre ambas partes. El reino alaui puede verse desconcertado porque, por la puerta de atrás de la revisión judicial del acuerdo ahora anulado, la misma UE que avala su papel geoestratégico como dique de contención de la migración y del islamismo terrorista cuestiona su mandato soberano. Es la revelación de que, por requerimiento de Marruecos y por conveniencia nunca explicada de España, aunque también de Francia y de Alemania, una sola milla mar adentro a la altura del Sáhara Occidental podría dar paso a un verdadero conflicto.