Editorial-El Correo

  • La probable imputación de Ábalos sacude a un Gobierno al límite sin que Sánchez pueda desentenderse de sus responsabilidades

La revelación por parte de la UCO de que el entonces ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, estaba al frente de la trama de corrupción que administraba su asesor personal Koldo García no solo aflora un escándalo de muy inciertos efectos para la credibilidad del relato socialista. Pone en entredicho también el valor moral de la moción de censura que Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy -precisamente, por corrupción- con el decisivo protagonismo de Ábalos. Este no solo aparece como el ofertante principal de favores en tanto que garante institucional de que los contratos fraudulentos irían a buen término. Al parecer era, además, el beneficiario último de las corruptelas que alentaba Víctor de Aldama -hoy en prisión por otra causa- tanto en especie inmobiliaria para uso propio como probablemente mediante retribuciones mensuales.

La cúpula socialista se alegró ayer de haberse librado de su antiguo ‘número tres’ suspendiéndole de militancia y obligándole así a abandonar el grupo parlamentario con el que concurrió a las elecciones de julio de 2023. Pero el PSOE ni puede vanagloriarse de haber actuado a tiempo ni está en condiciones de desentenderse de las responsabilidades penales y políticas contraídas por su exministro como si nadie supiera nada antes de la detención de Koldo García. La trama animada por Víctor de Aldama comenzó a operar meses antes de la pandemia, con la que pretendió lucrarse a cuenta de la falta de suministros básicos. Pero sus miembros trataron de engrasar también oportunidades de negocio con el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez en Venezuela. Incluido el rescate de Air Europa, que quizás no necesitase de la intervención de terceros interesados.

Hay demasiadas preguntas retrospectivas para la ejecutoria de los gobiernos de Sánchez como para que La Moncloa dé la causa por políticamente sobreseída para el presidente con la probable imputación de Ábalos. Todo lo contrario. La petición de este de declarar como testigo ante la Audiencia Nacional es una señal más de que no está dispuesto a cargar él solo con culpas que durante años pudo compartir con su antiguo jefe. La abrupta ruptura del círculo de confianza existente entre ambos en el verano de 2021 que dejó en el ostracismo al entonces ministro de Transportes, rescatado dos años después como diputado por Valencia, lo dice todo de la marejada que se avecina contra la ya maltrecha escollera del Gobierno.