Antonio Rivera-El Correo
El terrorismo doméstico tiene mucho de guerra civil en pequeño. A su final, después de que el criminal cumple su pena, este y su víctima comparten un mismo espacio y una misma ciudadanía. Es un escenario terrible e inevitable; el tiempo pasa inexorablemente y la mayor de las condenas se acaba cumpliendo en todo o en parte. Pero es una normalidad extraña: el victimario vuelve, pero la víctima mortal nunca lo podrá hacer. Ahora bien, aquel no vuelve al completo: quince, veinte o veinticinco años de prisión le han convertido en un desecho humano, por más que su entorno se afane en convencerle del sentido de esa pérdida de vida (en este caso, de la suya).
El castigo, la prisión, tiene de prevención, de apartamiento, de amenaza para no hacer el mal, pero también de venganza social. Las mejores sociedades son las menos vengativas, aunque justas y severas en el castigo. La sociedad española sabe de eso y distingue la coacción y la excepción cuando era posible hacerse terrorista, y el sentido de estas cuando no. No es solo distancia en el tiempo (del terrorismo activo), sino convicción de que vivimos un tiempo distinto. Por eso sabemos que la venganza no es justicia, y la excepcionalidad de la pena tampoco. Ni justa ni útil (hoy).
‘Txapote’ no va a salir mañana de prisión. Saldrá cuando tenga que salir. Saldrá siendo el mismo criminal inhumano que entró. Hay realidades irreversibles y la cárcel no las mejora. Lleva allí desde 2001. Su peligrosidad social hoy es cero, salvo como símbolo, y en ese papel no es él quien se cobra la pieza, sino sus correligionarios de moqueta.
Están saliendo también con terceros grados. Si lo hacen conforme a Derecho, bien está, aunque el Derecho no es matemática y todo puede discutirse ahí. Hoy hay 150 etarras en la cárcel; en 2008 llegó a haber 762. Es simple ley de vida. Ni venganza y excepción, ni borrón y cuenta nueva, como de manera absurda proponen Otegi y los suyos: si no hay terrorismo, que no haya terroristas presos. Su responsabilidad social no se esfumó con el humo de sus pistolas.
El Estado de Derecho tiene sus límites perfectamente definidos en este campo: la venganza en un extremo indeseado, el del castigo; la justicia en el otro, el cumplimiento con arreglo a la ley. Esta ha de ser más liviana conforme menor es la amenaza para la sociedad. Es fácil de explicar, e incluso se puede ganar con esa explicación. El Gobierno, una vez más, en otro tema más, ha perdido la oportunidad de ser transparente y pedagógico. Ha sido, como siempre, opaco y oportunista. Por eso parece que todo esto responde al cobro del recibo de los seis votos de Otegi, e igual hasta lo es, no lo sabemos. En todo caso, es la peor impresión.
Esos son los términos del debate: ¿Debe mantenerse alguna excepcionalidad de trato en 2024 con terroristas inofensivos socialmente? ¿Qué sentido tiene la venganza, el afán para que se pudran en prisión? ¿Nos hace eso mejores como sociedad? A las víctimas las respaldan la ley y la ciudadanía, no normas de excepción fuera de tiempo.