La cumbre migratoria organizada por Giorgia Meloni este jueves en Bruselas es la prueba del cambio de paradigma en materia de extranjería que está cuajando en la Unión Europea. Y la ausencia de España en este encuentro, que ha reunido una quincena de países, ha colocado a Pedro Sánchez fuera de juego con respecto a la mayoría de Estados miembros.
Es Meloni quien está marcando la pauta de este giro, pero no de forma unilateral. La presidenta de la Comisión Europea ha avalado el endurecimiento de la política migratoria europea mediante la agilización de los procesos de repatriación y el refuerzo de la seguridad fronteriza europea. Ursula von der Leyen ha propuesto también imitar el acuerdo alcanzado entre Italia y Albania para trasladar refugiados a territorio extracomunitario.
Las reservas expresadas por países como Alemania hacia la fórmula de centros de detención en «terceros países seguros» merecen ser tenidas en cuentas a la hora de plantearse la deslocalización de los procedimientos de asilo. El pacto migratorio con Turquía en 2016 fue objeto de críticas por establecer como destino de deportación un país en el que no se respetan los derechos humanos.
Pero lo que está claro es que existe un nuevo consenso transversal (entre socialistas, socialdemócratas, el centroderecha y la derecha radical) a favor de una nueva regulación que facilite la devolución de inmigrantes irregulares.
Incluso el alemán Scholz, que ha declinado la invitación a asistir a la cumbre, ha abandonado el modelo de puertas abiertas de su predecesora Merkel y se ha propuesto aumentar la eficacia de las deportaciones, argumentando que «no todo el mundo puede venir».
De modo que incluso el gran socio izquierdista de Sánchez ha dejado al presidente español solo en su enfoque extemporáneo, circunscrito a facilitar la regularización de los inmigrantes ilegales y a promocionar España como destino amable para los que llegan irregularmente.
Sorprende que el jefe de la oposición esté alineado con el nuevo espíritu migratorio europeo, pero no así el presidente del Gobierno, que persevera en la excepción ibérica a un enfoque que ha asumido que hay que hacerse cargo de un fenómeno propiciatorio de tensiones sociales y sensación de inseguridad.
Por muchos réditos electorales que pueda reportarle al presidente la instrumentalización política de la cuestión migratoria, para apuntalar su discurso de paladín de la «España abierta» frente los discursos xenófobos, la solución no vendrá de negar la realidad del problema.
Sánchez ha insistido este jueves en la necesidad de los flujos migratorios para hacer frente al «reto demográfico» y la «sostenibilidad del modelo del bienestar». Pero tanto estrés genera en la financiación de los servicios públicos el envejecimiento poblacional como la entrada descontrolada de solicitantes de asilo.
España no puede desmarcarse del nuevo consenso migratorio europeo, ni de la disponibilidad de Von der Leyen a explorar «soluciones innovadoras». Máxime cuando nuestro país es uno de los más afectados por el repunte disparado de las llegadas a las costas continentales.
El desajuste con respecto a los países de nuestro entorno, además, acrecentará el efecto llamada. El resto de Estados miembros han optado por la realpolitik ante el gran desafío de nuestro tiempo: agilizar las devoluciones para disuadir a los emigrantes en sus países de origen y aliviar la presión sobre el sistema de acogida.