Las manifestaciones en ciudades como Madrid, Valencia, Tenerife o Barcelona, donde miles de personas han exigido una solución al problema del acceso a la vivienda, reflejan una creciente preocupación de los ciudadanos por la dificultad de encontrar hogares a precios asequibles.

Sin embargo, muchas de las soluciones propuestas, como la intervención de precios o las restricciones al alquiler turístico, se basan en una peligrosa simplificación del problema, culpando al sector turístico.

El turismo, un pilar fundamental de la economía española, representa el 11,6% del PIB, lo que se traduce en 156.000 millones de euros anuales. Además, emplea a 1,9 millones de personas, el 9,6% de la población ocupada.

A pesar de estos datos, en Barcelona o en las islas Canarias hemos visto un creciente discurso antiturismo. Un ejemplo de ello es la campaña Tourists Go Home, impulsada por movimientos políticos antisistema.

Este tipo de retórica, que llegó a comparar a los turistas con «una plaga de langostas», se ha traducido en medidas restrictivas como la moratoria hotelera, la negativa a ampliar el aeropuerto de Barcelona y las limitaciones sobre el alquiler vacacional, el de temporada o los pisos compartidos.

El aumento de los precios de alquiler y de compra en muchas ciudades españolas es un problema real que requiere soluciones efectivas. Sin embargo, la intervención en los precios del alquiler, como se ha intentado en ciudades como Barcelona, no es la respuesta adecuada.

En mayo de 2023 se aprobó la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que regula los precios del alquiler en zonas tensionadas. Barcelona ha sido una de las ciudades donde más fuertemente se ha aplicado.

¿Qué resultados ha tenido esta ley? En sólo cuatro meses de su aplicación, entre mayo y agosto de 2023, los precios del alquiler en algunos distritos como Ciutat Vella, Sant Martí o Sants aumentaron un 7%.

Además, el 70% de los propietarios que recuperaban su vivienda tras finalizar un contrato de alquiler pasaban a ofrecer contratos temporales, en lugar de contratos de larga duración.

Otro 15% de los propietarios decidía poner su vivienda en venta.

Este comportamiento tiene una explicación sencilla. Cuando las regulaciones limitan las opciones de los propietarios, estos buscan alternativas más flexibles y rentables. Como resultado, la oferta de alquiler a largo plazo se reduce y los precios siguen subiendo, justo lo contrario de lo que se buscaba con la intervención.

La única forma de reducir los precios de la vivienda es incentivando la oferta, no limitándola. La intervención de precios, lejos de resolver el problema, lo agrava.

A medida que los propietarios retiran sus inmuebles del mercado de alquiler o los venden, la escasez de viviendas disponibles se intensifica, lo que lleva a un incremento adicional de los precios.

La experiencia internacional es clara en este sentido. Allá donde se ha intentado controlar los precios del alquiler, el resultado ha sido el mismo. Ya sea en ciudades como Berlín, donde la regulación de los precios del alquiler ha generado una contracción en la oferta de viviendas, o en San Francisco, donde la intervención en el mercado de la vivienda ha provocado una subida exponencial de los precios.

Al mismo tiempo, mientras se criminaliza a los turistas como causantes de la subida de los alquileres, se ignora el efecto positivo que su presencia tiene en la economía local.

El turismo genera un importante efecto multiplicador, impulsando el comercio, la hostelería y otros servicios. Menos turistas significa menos consumo, menos ingresos para pequeños y medianos negocios, y menos puestos de trabajo, lo que afecta tanto a la economía local como al bienestar general de los habitantes.

En muchas de las manifestaciones recientes, se ha escuchado el reclamo de que las ciudades están «expulsando» a los residentes debido a los altos precios de la vivienda.

Este es un problema real. Pero culpar al turismo es un error. Si limitamos el turismo o restringimos la oferta de alquiler turístico, lo que estaremos haciendo es atacar el desarrollo económico de nuestras ciudades.

Para determinados gobernantes es más sencillo culpar a otros que asumir responsabilidades de unas medidas que no sólo no ayudan, sino que empeoran la situación de partida.

Aquí aplica la cita de Friedman que pedía «juzgar las políticas por sus resultados y no las intenciones».

Para resolver el problema del acceso a la vivienda, es necesario fomentar un crecimiento equilibrado al largo plazo, incentivando la construcción de más viviendas y promoviendo un mercado de alquiler más flexible, que garantice los derechos de los propietarios y no los criminalice.

Los ciudadanos tienen hoy la oportunidad de entender de forma clara la distinción entre oferta y demanda, y cómo su relación fija un precio u otro.

La única manera de reducir su precio es incrementando la oferta, o lo que es lo mismo, facilitando la construcción de vivienda y no impidiéndola o limitándola, a la par que garantizando los derechos de los que ponen su vivienda a disposición de las personas en el mercado de alquiler, en lugar de tratarlos como especuladores.

La política tiene un precio, y la mala política tiene un precio altísimo que siempre acaban pagando los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.