- El plantón de la presidenta es legítimo y necesario por las deslealtades institucionales, legales y personales del líder socialista.
No es habitual ni saludable que un presidente autonómico decline una invitación del presidente del Gobierno, sean cuales sean las diferencias que les separan.
La liturgia institucional, que es la antesala siempre del respeto a las reglas, exige por parte de todos un reconocimiento mutuo que lance a la ciudadanía un mensaje de convivencia razonable.
Pero ese clima no existe en España por decisión de un líder sectario que ha destrozado el tablero institucional por vocación y necesidad y que, con estas convocatorias, solo quiere fabricarse una coartada legitimadora de los peajes previos abonados a sus aliados separatistas.
Ayuso era una pieza más en esa estrategia de simular un diálogo con todas las regiones que tape el único acuerdo real ya cerrado; el de convertir a Cataluña en un paraíso fiscal insolidario e incompatible con la innegociable igualdad legal y económica de todos los españoles.
No es deslealtad institucional lo que hace Ayuso, pues, sino todo lo contrario: destapa el hipócrita juego de un tahúr y pone en su contexto real la impúdica cadena de rendiciones que asume para lograr un cargo que por sus propios votos no tendría.
Y si se trata de hablar de deslealtades institucionales, el plantón de Ayuso es irrelevante al lado de los cometidos por Sánchez desde 2018.
La lista es inagotable: no celebra el debate del Estado de la Nación, se ausenta de manera casi absoluta de las sesiones y votaciones en el Congreso, negocia en el extranjero la conformación de su Gobierno, deforma la Constitución con leyes como la de amnistía o, en el ámbito autonómico, se salta la normativa para no convocar la Conferencia de Presidentes.
No se le puede exigir a todo el mundo un escrupuloso respeto a los hábitos institucionales que, lejos de obligar al Gobierno, debilita la posibilidad de frenar su deriva automática y blanquea sus reiterados excesos.
Resistirse a Sánchez, desde las instituciones, la política, la prensa o la judicatura, es más una obligación que un derecho.
Y que Ayuso lo haga desde el PP, pese a que su presidente era partidario de mantener una cierta cortesía parlamentaria, retrata también al PSOE. Porque en unos partidos se entienden y asumen distintos criterios y en otros, en cambio, solo se tolera la sumisión más absoluta al líder, sin nadie que le discuta su agresión diaria a la España constitucional, amenazada por sus urgencias más egoístas.