Pero con la Justicia no puede. Está «rodeado de corrupción en su entorno», dijo ayer Feijóo en su comparecencia urgente para pedir su dimisión. Pendiente en el ‘caso Koldo-Ábalos’ del volcado de los ‘pendrives’ con datos presumiblemente comprometedores, ayer saltó la petición de imputación, por parte de la Audiencia Nacional, de su ex ‘número dos’, exministro y mano derecha en el partido. Suma y sigue.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara su querella contra el juez Peinado, por prevaricación, ha hecho lo propio con la querella de su esposa Begoña Gómez contra el mismo magistrado. Las malas noticias se le acumulan porque las togas le van envolviendo. Pero él sigue sin dar explicaciones y sin entender cómo se atreven los jueces a cumplir con su deber de investigar posibles quebrantamientos de la ley. ¿Su reacción? Seguir copando instituciones para que le ayuden a sobrellevar su larga agonía en la legislatura ¿Cómo? Desviando la atención hacia otros relatos. Presionando a la Justicia y los medios: su eterna obsesión.

Resulta enternecedor ver el cuajo con que el ministro Óscar López defiende, sin inmutarse, que el decreto ley de ocupación del futuro Consejo de Administración de RTVE, que va a dejar fuera del proceso de elección al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, es el ejemplo de la pluralidad y la democracia.

Como suena. Que el nuevo consejo, porque así lo decide el Gobierno, pueda ser elegido por mayoría absoluta en vez de la mayoría de los dos tercios, es una garantía de «profesionalidad y estabilidad en RTVE». Esa es la propaganda del ministro. Pero que los nuevos consejeros puedan ser elegidos por los 176 votos que apoyan a Pedro Sánchez, en segunda vuelta, en vez de los 233, como ha venido ocurriendo hasta ahora, no es una ocurrencia, es un atropello. Es una liquidación de las mayorías cualificadas.

Con un solo objetivo: apartar al partido que ganó las últimas elecciones generales. Y si tiene que ir quitando poder al Senado, lo hará. Y sus socios le seguirán exigiendo hasta que no quede ni un saldo del Estado. El mismo Estado que deberá pedirle cuentas si la Justicia sigue cumpliendo con su deber. Las malas noticias judiciales le pillaron en Portugal. En la tierra de su colega António Costa, uno de los referentes del socialismo europeo que dimitió -justo hace un año- como primer ministro, al ser investigado en un caso de prevaricación y tráfico de influencias. Dimitió diciendo que él no estaba «por encima de la ley». Y añadió: «Si la Justicia tiene alguna sospecha, debe ser investigada». Portugal, tan cerca y tan lejos.