Como El Padrino del futuro empresarial vasco y catalán en que ha devenido al frente de la multinacional Repsol, Imaz ha hecho una oferta a su partido y a Junts per Catalunya de esas que conviene no rechazar; todo un amago de puñetazo donde más duele al nacionalismo, el bolsillo, que para sí quisiera poder dar Alberto Núñez Feijóo a esos sus futuros socios díscolos del centro-derecha: «Ah, ¿que vais a apoyar el impuesto a la facturación de las energéticas -ojo, no a los beneficios-, que quieren Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz? Muy bien, pues la planta de hidrógeno verde en Muskiz (Vizcaya) y, sobre todo, la que tenemos previsto construir en el Campo de Tarragona (mil millones de euros) igual se van fuera de España. Vosotros mismos»… Le ha faltado añadir: «no es personal, son solo negocios».

Ni que decir tiene que al lendakari, Imanol Pradales, y al PNV, pero sobre todo a Junts y a Carles Puigdemont -Cataluña es la que más tiene que perder en el envite- les ha faltado tiempo para sugerir a Sánchez que guarde en un cajón la idea de convertir el gravamen en permanente: «Oye, Pedro, esto del impuesto mejor dejarlo estar». Ahora habrá que ver la reacción de Díaz, Podemos, Bildu y ERC, porque significa decir adiós a 2.854 millones de euros, que es lo que se lleva recaudado en este ejercicio 2024. Y sí, han intuido bien: se avecina tormenta política en la «coalición progresista» que nunca fue.

Es lo que tiene fiarlo al aguante fiscal de la ciudadanía y/o las empresas, que un día te sale un respondón Imaz con biografía para serlo -viene a decir: lecciones de justicia social ni una, que soy huérfano que estudió con beca- y te descuajeringa el peligroso relato de la casta que parece haber heredado este Gobierno de aquel primer Podemos A.G (antes de Galapagar)

No en vano, el roto en el Plan fiscal que ha enviado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la Unión Europea va a ser de órdago y no se atisba de qué otra fuente puede sacar el Ejecutivo esos 2.000 millones que pensaba recaudar en los presupuestos generales del Estado 2025 si no es recortando gasto público. Una expresión proscrita en el lenguaje de PSOE, Sumar, Podemos, ERC o Bildu, pero, a lo que se ve, inevitable porque el IRPF ya no se puede subir más sin peligro de revuelta de las clases medias contra Sánchez.

Es lo que tiene fiarlo todo al aguante fiscal de la ciudadanía y/o las empresas, que un día te sale un respondón Imaz con biografía para serlo -en su demoledor artículo viene a decir: lecciones de justicia social ni una, que soy huérfano estudiante con beca- y te descuajeringa el peligroso relato de la casta, de españoles «ricos y pobres» enfrentados a muerte, que parece haber heredado este Gobierno de aquel primer Podemos A.G (antes de Galapagar).

Eso es lo que ha hecho el consejero delegado de Repsol con una demoledora tribuna de prensa contra el populismo y 1.500 millones para invertir en estaciones de hidrógeno verde donde al accionariado de la petrolera le dé la real gana, en España o en Portugal donde, por cierto, gobierna el Partido Socialista de Antonio Costa, hoy comisario europeo, sin esa «demagogia» izquierdista que denuncia Imaz e intentando atraerse capitales a su suelo como corresponde a un proyecto de país de futuro y competitivo.

Hace meses, coincidiendo con el traslado de Ferrovial a Holanda, tuve ocasión de hablar sin micrófonos con el consejero delegado de otra importante empresa energética y me deslizó un aviso a navegantes, aún más preocupante que el de Imaz, que el Gobierno no puede ignorar con una ceguera recaudatoria a cualquier precio: «Yo ya tengo problemas para justificar en el Consejo de Administraciòn y ante mis accionistas (la mayoría banca y fondos internacionales) mantener la sede social aquí en España, porque el grueso de nuestra facturación está en otros países»

Hace meses, coincidiendo con el polémico traslado de la sede social de la constructora Ferrovial a Holanda, tuve ocasión de hablar sin micrófonos con el consejero delegado de otra importante empresa energética y me deslizó otro aviso a navegantes, aún más preocupante que el de Imaz, que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede ignorar con una ceguera recaudatoria a cualquier precio: «Yo, ahora mismo, ya tengo problemas para justificar en el Consejo de Administraciòn y ante mis accionistas (la mayoría banca y fondos internacionales) mantener la sede social aquí en España, porque el grueso de nuestra facturación está en otros países».

Así que no hace falta ser un lince para saber que cualquier impuesto extraordinario, y el que ahora Junts y el PNV han decidido tumbar lo es, resulta corrosivo para afianzar nuestro país como cluster de inversiones de última generación: las ahuyenta y, sobre todo, abunda en esa «inseguridad jurídica» española -léase arbitrariedad- de la que tanto se habla en no pocos foros y observatorios internacionales como el principal fallo de nuestro sistema. Lo triste es que haya tenido que ser un ex políptico, Josu Jon Imaz, el que haya tenido que decir a los que vinieron tras él ¡basta! amenazándoles con el cañón Bertha que supondría anular los 1.500 millones de inversión de Repsol repartidos en cinco estaciones de hidrógeno verde por todo el país.