Apuntaba Guy Debord que la verdad se ha convertido en un momento de lo falso en la sociedad del espectáculo. Sus palabras, escritas hace más de medio siglo, han resultado proféticas. Hoy resulta muy difícil, por no decir imposible, distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la información y los bulos. El relato ha desplazado a las ideologías en la confrontación política.

Es en este contexto donde encaja el decreto ley del Gobierno para cambiar la elección y la composición del Consejo de Administración de RTVE. Su propósito es obvio: tomar el control del ente para aislar al PP, como subrayaba ayer este periódico.

Es cierto que, desde la Transición, todos los Gobiernos han intentado lo mismo: colocar personas afines al frente de RTVE. Salvo en periodos excepcionales, los gestores de la televisión pública se han caracterizado por su servilismo hacia el poder de turno. Tanto el PSOE como el PP jamás han entendido la neutralidad de la institución y su carácter de servicio público.

La reforma que va a sacar adelante el bloque mayoritario en el Congreso es una proyección del sistema de cuotas de partido, por el que las fuerzas políticas se reparten los asientos del Consejo. El propio Óscar López utilizó la expresión «representantes de los partidos», desvelando la intención de la iniciativa legislativa.

El medio utilizado es el decreto ley que la Constitución establece para asuntos de urgencia que requieran la adopción de medidas para afrontar una situación sobrevenida. No se puede decir que éste sea el caso de RTVE, en el que el Ejecutivo no ha dudado en nombrar a dedo administradores provisionales al margen de los cauces establecidos por la ley.

El modelo que propone el Ejecutivo no va a favorecer la pluralidad sino todo lo contrario: va a reforzar el control político del ente. Ahora se podrán nombrar consejeros por mayoría simple, lo que asegura que la mayoría gubernamental podrá designar 11 de los 15 consejeros. Los otros cuatro quedan reservados al Senado.

Es preciso recordar que Mariano Rajoy cambió la ley para suprimir las mayorías de consenso. El PSOE y Óscar López criticaron la medida que ahora quieren sacar adelante. La norma vigente en tiempos de Zapatero exigía una mayoría de dos tercios para nombrar consejeros con la intención de buscar un consenso entre los partidos mayoritarios.

La reforma que impulsa el Gobierno es un paso atrás en la pluralidad y la neutralidad de la institución, eso es lo que es RTVE, porque acaba con el sistema de concurso de méritos que ya había quedado tocado de muerte cuando se vulneraron de forma obscena las calificaciones del comité profesional evaluador. Los partidos prefirieron colocar a los suyos en lugar de a los más cualificados.

Ha habido otros intentos de reformar el sistema, pero todos han sido baldíos. Incluso el Gobierno de Zapatero encargó un informe a expertos, que no sirvió para nada. Hay que recalcar que ningún partido ha mostrado jamás ni el más mínimo interés en despolitizar RTVE, al igual que las cadenas autonómicas.

Desgraciadamente la neutralidad informativa de RTVE es manifiestamente mejorable, aunque hay excelentes profesionales que podrían hacer mejor su trabajo si tuvieran el marco adecuado. Y también parece discutible el afán de sus gestores por competir con las televisiones privadas con una programación comercial que adultera la finalidad de una entidad pública.

Ya que RTVE se financia con los impuestos que todos pagamos, sería exigible que estuviera al servicio del interés general y no de los partidos que gobiernan. Ello no es imposible. Lo que falta es la voluntad política. No hay que mirar más que a la BBC para constatar que es posible una televisión de calidad al servicio de todos.

Es evidente que el Gobierno de Sánchez está en una política de colonización de las instituciones y que su propósito es convertir en un apéndice al Tribunal Constitucional, al Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, el sector público e incluso el Hipódromo de Madrid. Nada debe quedar fuera de su control porque el presidente considera que la sociedad civil debe estar sometida a la mayoría parlamentaria.

De lo que no se da cuenta, o tal vez sí, es que, cuando cambie la mayoría en unas futuras elecciones, el PP dispondrá del marco legislativo para colocar a los suyos. Y probablemente lo hará con la excusa de que ya lo hicieron los socialistas. Una espiral infernal que jamás se rompe.

A nadie se le escapa tampoco que la reforma coincide con la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado que, si se aprueban, permitirían al Gobierno alargar la legislatura en un año y medio o dos. En este contexto, Pedro Sánchez puede ofrecer a sus socios de Bildu, ERC, Junts y PNV puestos en el consejo que les permitirían acceder a una cuota de poder e influencia en la en RTVE.

No se trata de gobernar a través de las instituciones sino de servirse de las instituciones para gobernar. El decreto ley que debe convalidar el congreso en el plazo de un mes es un obsceno ejercicio de ‘real politik’.

La televisión pública no es un juguete ni un medio para blindarse en el poder. Es uno de los pocos instrumentos que quedan, junto a la prensa independiente, para contrarrestar los bulos, la desinformación y la propaganda. Pero ello requeriría una neutralidad de la que está muy lejos. RTVE carece de credibilidad porque ha sido siempre un instrumento de los gobiernos de turno.

Sánchez enfatizó que él es quien manda en la Fiscalía. Ahora envía el mensaje a la sociedad de que también es el que manda en RTVE. No deja de resultar paradójico en el gobernante que ha presentado un plan de regeneración democrática para acabar con los bulos y las insidias. Al parecer, la televisión pública queda exceptuada de sus propósitos.

El presidente ganó la moción de censura en 2018 con la idea fuerza de una regeneración moral de la sociedad española, uno de cuyos pilares era la devolución de la dignidad a las instituciones. Esos buenos propósitos han quedado en el olvido porque ahora parece que el fin justifica los medios. Señalaba Horacio que la conciencia es como un vaso, que, si está sucio, contaminará el líquido vertido. Esta reforma contaminará RTVE y agudizará su descrédito.