Ignacio Camacho-ABC
- Cercado por los escándalos, el sanchismo ha puesto las instituciones en saldo para salvar como sea su futuro inmediato
En la época remota en que los Presupuestos eran la ley esencial de un Gobierno, cuando éste no tenía mayoría suficiente negociaba partidas de inversión, décimas de déficit, porcentajes fiscales y demás asuntos propios del ámbito económico-financiero. A veces, si los nacionalismos se hacían los estrechos, había que incluir cesiones competenciales para alcanzar un acuerdo. Pero como los socios de Sánchez han olido su debilidad –la de él– y conocen su necesidad de comprar tiempo, le meten en la cesta del pacto cualquier cosa con la que traficar en el improvisado mercado negro que constituye hoy en día cada votación en el Congreso. Hay rebajas de otoño en la dirección del Estado y cada cual busca una mercancía tirada de precio: la ruptura con Israel, puestos en el Banco de España, la intervención del mercado de alquileres, alguna exención territorial de impuestos, comisiones de investigación, indultos a medida, libertad para los colegas presos. Y por adelantado para que no haya margen de riesgo, que con la judicatura encima del «1» no están las cosas para vender a crédito.
El presidente dice sí a todo porque la alternativa es el desahucio, si no inmediato muy probablemente a medio plazo. Tiene urgencia por vender un éxito que le dé respiro en medio de la tormenta de escándalos. Su futuro está en manos de los tribunales pero no es lo mismo afrontarlo en absoluto aislamiento parlamentario que con las cuentas aprobadas y la opción de prorrogarlas por uno o dos años. Y si hay que repartir la televisión pública entre los aliados, se procede y se desaloja de allí a la oposición a golpe de decretazo; quizá se estén arrepintiendo en Moncloa de no haber hecho lo mismo con el poder judicial en vez de concertarlo con el PP este verano. Fatal error de cálculo que ahora amenaza con convertir los juzgados en un calvario; esos ataques de debilidad son impropios de un líder con verdadero mando.
Ocurre que aun troceando las instituciones con cuchillo de carnicero, el horizonte tiene mala pinta. Van a llover imputaciones a cascoporro y nada ni nadie asegura que los separatistas se mantengan fieles si la situación procesal del sanchismo se vuelve muy comprometida. Puigdemont no tiene la posición final decidida; Sumar es un albur de identidad imprecisa; Podemos busca su propio espacio aprovechando la evanescencia de Yolanda Díaz, y la lealtad del PNV, aunque amarrada por la coalición del País Vasco, nunca puede considerarse una garantía. La única cohesión del bloque se sustenta en el miedo a la alternativa y, en menor grado, en la convicción de que siempre se pueden exprimir un poco más las contrapartidas. En ese sentido, la permeabilidad gubernamental será mayor cuanto más se estreche el cerco de la justicia, salvo que llegue un momento en que el tinglado empiece a oler a chamusquina. Y entonces quizá no haya saldo capaz de detener la agonía.