La negativa de Pedro Sánchez a responder en Faro (Portugal) a la pregunta de si se reunió con Víctor de Aldama, ahora encarcelado y que está en el centro de la organización criminal del caso Koldo, constituye el reconocimiento de que sí mantuvo con él una o varias reuniones. Como las que tuvo en Moncloa con Barrabés, otro empresario que colaboró, como Hidalgo de Globalia, en la financiación de los negocios de Begoña Gómez.

Lo que, unido al informe de la UCO y al auto del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional en el que se pide al Tribunal Supremo la imputación (con el suplicatorio ahí incluido) del diputado José Luis Ábalos, reafirma la imputación ante el juez Peinado de Begoña Gómez, y deja al presidente Sánchez, al que en el auto se señala como ‘número 1’, en una muy difícil situación política y procesal.

En unos acontecimientos en cadena en los que, además de Sánchez y Gómez, aparecen de manera reiterada los Aldama, Ábalos, Koldo e Hidalgo como los protagonistas o colaboradores del presunto entramado criminal. Al tiempo que reabre, con un cúmulo de nuevos indicios, la posible implicación de Sánchez en los delitos de ‘conflicto de intereses’ -el que había sido archivado y que ahora reverdece- y ‘tráfico de influencias’, lo que tambien afecta a su esposa Begoña Gómez.

De ahí la importancia y la necesidad de que el Tribunal Supremo asuma el conjunto de la investigación, al tiempo que, por otra parte, instruye la imputación del Fiscal General, Álvaro García Ortiz

Un auto del juez Moreno en el que pregunta al Tribunal Supremo si está dispuesto a asumir solamente la imputación de Ábalos o si considera que debe ocuparse también del conjunto de la causa, como sería lo lógico a la vista de las varias y complejas ramificaciones de la presunta ‘organización criminal’ y sus muchos frentes abiertos donde figura Ábalos que van: desde el rescate de Air Europa (con un crédito de la SEPI de 475 millones de euros, a los que luego se añadieron otros 140 millones del ICO), al fraude masivo de las mascarillas, la estafa de los hidrocarburos y la escala aérea en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez.

Cuestiones todas ellas de la mayor gravedad que afectan a miembros y ex miembros del Gobierno de la nación, incluido el presidente Sánchez, de ahí la importancia y la necesidad de que el Tribunal Supremo asuma el conjunto de la investigación, al tiempo que, por otra parte, instruye la imputación del Fiscal General, Álvaro García Ortiz por ‘revelación de secretos’ por la que el fiscal se niega a dimitir.

Y una ‘revelación de secretos’ en la que también podría haber incurrido la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero al anunciar a los medios, antes de su comunicación oficial, datos del novio de Isabel Ayuso, Alberto González Amador, relativos al proceso judicial que tiene abierto por presunto fraude fiscal, y al que ahora se le añadirá otra nueva investigación por administración desleal y corrupción.

Reverdece el conflicto de Intereses

Y a no perder de vista en todo ello el hecho palpable de que, con los nuevos indicios detectados en la Audiencia Nacional, el PP puede presentar una querella contra el presidente del Gobierno por la cuestión del ‘conflicto de intereses’ de Pedro Sánchez al no ausentarse del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 en el que se aprobó el rescate de Air Europa. Denuncia de ‘conflicto’ que en su día fue archivada por la Oficina de Conflictos y recurrida por el PP, lo que permite a este partido incoar de nuevo la querella a la vista de los nuevos indicios que señalan a Sánchez.

Un presunto conflicto de intereses contra un presidente acorralado procesal y políticamente que además sufre una continua rebelión parlamentaria de sus aliados nacionalistas y de la extrema izquierda alarmados por la corrupción y el riesgo de un adelanto electoral.

Debería añadir una Convención del PP en noviembre para mantener viva, además de en el Congreso y el Senado, el ritmo y la tensión informativa sobre la agitada situación nacional.

Y todo ello con un apretado calendario político que incluye los ya inminentes congresos de Junts, ERC y PSOE. A los que Alberto Núñez Feijóo debería añadir una Convención del PP en noviembre para mantener viva, además de en el Congreso y el Senado, el ritmo y la tensión informativa sobre la agitada situación nacional. Aunque imaginamos que el líder del PP no querría ver aclamada a Ayuso en esa cita por haberse negado a acudir a La Moncloa como lo pidió Feijóo.

Al fondo de todo ello, y para que no falte de nada, en el plano internacional crece la expectación que generan las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo día 5 de noviembre. Y las guerras de Oriente Próximo (mientras Sumar le exige a Sánchez que rompa las relaciones de España con Israel) y la de Ucrania donde el Gobierno de Washington acaba de confirmar la presencia de Corea del Norte, junto a las tropas rusas de Putin lo que ya ha alarmado, España incluida, a los países miembros de la OTAN.