No es infrecuente que las organizaciones terroristas, más allá de su núcleo armado, se rodeen de entidades asociativas, fundaciones, grupos informales y sociedades mercantiles que ejercen funciones especializadas, actuando como aparatos políticos, medios de propaganda y movilización civil, servicios de información, asistencia social y obtención de recursos financieros. Un buen ejemplo de ello lo tuvimos en España con el caso de ETA y su relación con el enjambre de organismos asociados al Movimiento Vasco de Liberación Nacional, buena parte de los cuales permanecen actualmente activos en torno al partido heredero de su programa político. Este tipo de ONGs vinculadas con el terrorismo ha vuelto a salir a la palestra últimamente con ocasión del apoyo que la izquierda abertzale, Podemos y los grupos anarcosindicalistas asociados a la CGT han prestado a Samidoun y Masar Badil, ambas ligadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Samidoun fue fundada en Estados Unidos en 2012 y ha venido operando en Norteamérica y Europa para promover la excarcelación de terroristas palestinos –del FPLP, Hamás y la Yihad Islámica–, así como las campañas de boicot al Estado de Israel y la recaudación de fondos. Su asociación al terrorismo ha provocado su ilegalización en EEUU, Canadá, Alemania y Bélgica, pero no en España donde se ha refugiado al amparo principalmente del nacionalismo vasco. Masar Badil es de creación reciente y apenas ha tenido actividad, aunque ha organizado sendas conferencias de apoyo a Hamás en Madrid, Beirut y Sao Paulo.

En cuanto a España, de momento sólo se conocen las vinculaciones de ambas ONGs con los partidos políticos mencionados, sin que consten ayudas públicas de carácter financiero. Pero no sería sorprendente que éstas pudieran materializarse pronto si tenemos en cuenta que otras ONGs controladas por el FPLP –varias de ellas ilegalizadas en Israel– han recibido durante la última década más de 21 millones de euros de las administraciones públicas de nuestro país. Las más activas han sido las del País Vasco –por medio de Elankidetza y las corporaciones locales–, así como el gobierno nacional –a través de la AECID–. Por tanto, hay motivo de preocupación, pues el apoyo político de la izquierda a la causa palestina se está trastocando lamentablemente en sostén del terrorismo.