Pero cualquiera que piense en el contexto en el que se aprueba esta medida, y sin ser jurisconsulto o experto en leyes, puede atar cabos y comprobar que aquí hay muchos extremos que no encajan.

Para empezar, ¿por qué España no puede tener una excepción en el cómputo de penas de cárcel para los que han cometido delitos de terrorismo respecto de la legislación europea, habida cuenta de la lacra sin parangón que hemos sufrido aquí con un movimiento terrorista único en su género por la duración y la intensidad de sus acciones, pero sobre todo por la ausencia de un conflicto bilateral, que es lo que los terroristas hubieran querido tener pero no tuvieron?

Porque aquí no tuvimos un Úlster, es decir, dos bandos enfrentados, cada uno con su correspondiente terrorismo. Por más que quisieron utilizar el GAL para hacer una equivalencia, el GAL fueron cuatro gatos sin apoyo ni comprensión social, y que provocó más daño del que vino a arreglar, porque le dio a los verdaderos terroristas una excusa para seguir matando más todavía y con mayor apoyo social.

De hecho, se acabó el terrorismo de ETA y se acabó todo.

Ya no hubo más nada, sencillamente porque el único terrorismo fue el de ellos.

El segundo motivo por el que no entiendo el argumento de que España se tiene que equiparar con el cómputo de penas europeo lo podemos ver en nuestro país vecino.

¿Por qué en Francia tienen un cómputo distinto del nuestro para las mismas penas? El acusado de asesinar a los guardias civiles Trapero y Centeno en Capbreton en 2007 y al gendarme Jean-Serge Nérin cerca de París en 2010, último asesinato de ETA (estoy hablando de Mikel Karrera Sarobe) fue condenado allí a dos cadenas perpetuas.

Este mismo terrorista ha sido acusado en España del asesinato de los ertzainas Mijangos y Arostegi en Beasain en 2001 por pruebas de ADN, y también del magistrado Manuel Giménez Abad en Zaragoza el mismo año 2001.

Seguro que preferiría purgar por ello en España y no en Francia. Porque los terroristas saben muy bien que en España el tiempo en cárcel, por los mismos delitos, siempre ha sido más leve.

El tercer motivo por el que no entiendo que haya que equiparar ahora sin remedio la legislación penal española con la europea la tenemos es el caso de Carles Puigdemont.

Cometiendo el mismo delito que sus compañeros del procés, los doce que pasaron por el Tribunal Supremo y que fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión (aunque, como se sabe, salieron en 2021 por el indulto de Pedro Sánchez), Carles Puigdemont escapó de la justicia y se refugió en Bélgica, que siempre se ha negado a extraditarlo.

«Las prisas del Gobierno por liberar a los presos de ETA sólo se explican por la urgencia de cumplir con sus compromisos con EH Bildu»

Luego, Puigdemont pasó por la cárcel en Alemania e Italia, pero siempre se libró de condena gracias a la legislación de esos países.

¿Por qué este Gobierno no resuelve la discrepancia legal que permite a Puigdemont vivir libre fuera de España, en territorio europeo, teniendo en cuenta que lleva en Bélgica ya siete años?

El cuarto motivo, el mayor, por el que reprocho al Gobierno de Pedro Sánchez esta urgencia por equiparar nuestra legislación penal con la europea es que esas prisas sólo se explican por la urgencia de cumplir con sus compromisos con EH Bildu.

Y de ahí viene su consecuencia más grave, puesto que de esta manera se está produciendo un encanallamiento moral de toda la sociedad española. Todos nos estamos convirtiendo en cómplices de EH Bildu y por tanto también de ETA.

Es el mismo proceso que vivimos en el País Vasco durante los años de plomo, pero ampliado ahora a toda España.

En la época del terrorismo de ETA, quienes vivíamos en el País Vasco asistíamos impotentes a una injusticia que nos quería hacer ver que todo aquello ocurría por razones profundas que no éramos capaces de advertir. Se mataba a representantes del Estado y el partido que gobernaba en las instituciones, el PNV, lo veía poco menos que irremediable. Comprensible, dada la historia de dictadura que teníamos detrás.

Todo fue encanallándose en la vida política del País Vasco. Los asesinatos se sucedían y el Estado no podía hacer nada por evitarlos porque, decían, tenía el apoyo de la gente. Se confundía el miedo con el apoyo.

Y el Estado no dejaba de apoyar al PNV, y de legitimarlo, y de darle todo lo que pedía, pensando que así se podría amansar a la fiera. Pero la fiera no se amansaba y el PNV seguía empoderándose.

Los partidos no nacionalistas fueron viendo cómo se iba empequeñeciendo su posibilidad de intervenir en la vida política vasca. Y la sensación que nos queda ahora es que ETA terminó porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer.

El nacionalismo obtiene hoy el 70% de los escaños en el Parlamento vasco. El PSE consigue mantener una cuota de poder, apoyando al PNV, que le permite tener ocupados a muchos de sus cuadros.

La hija de Juan Mari Araluce, que fue defensor de los Fueros vascos en la etapa final del franquismo, como explica Juan José Echevarría en su último libro, se quejó ante Pedro Sánchez de la medida en favor de los presos de ETA.

Qué significativo todo.

El asesinato de su padre por ETA fue uno de los más simbólicos de la serie macabra que acabó entre 1975 y 1978 con cualquier posibilidad de la derecha de recuperar la presencia política importante que tuvo siempre en el País Vasco.

El gesto de Maite Araluce dirigiéndose a Pedro Sánchez representa la última queja de una derecha vasca desaparecida para siempre.

*** Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.