Braulio Gómez-El Correo

José Luis Ábalos fue la persona elegida por el Partido Socialista en la moción de censura contra Mariano Rajoy, motivada y apoyada por la sentencia que vinculaba la corrupción del ‘caso Gürtel’ directamente con el Partido Popular. En la tribuna del Parlamento diría aquel día que la decencia debe ser algo esencial, no algo accesorio en el ejercicio del poder. Su capital político acumulado en la Comunidad Valenciana estaba también muy relacionado con la denuncia constante y persistente de la corrupción que afectaba a los máximos dirigentes del PP valenciano. Ahora está imputado porque existen indicios fundados y serios de delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Íñigo Errejón ha sido el portavoz elegido por Sumar para desde sede parlamentaria, medios de comunicación y redes sociales defender, entre otras cosas, los avances en la protección de los derechos y libertades de las mujeres, la respuesta implacable sobre aquellos que utilizan su posición de poder para abusar sexualmente de las mujeres. En el ‘caso Rubiales’, por ejemplo, dejó huella pública de los límites de lo aceptable y de la inadmisible complicidad que tiene el entorno en proteger y silenciar este tipo de comportamientos. Ahora está denunciado en los juzgados por acoso sexual.

Durante la pandemia, más de uno de los dirigentes a nivel mundial o local mantuvieron discursos duros y oportunos sobre la necesidad de recortar derechos y libertades a la ciudadanía para cuidarnos a todos como sociedad y protegernos del impacto que estaba teniendo la pandemia de la covid en nuestra salud. Entre ellos se puede destacar a Boris Johnson, que desde su cargo de primer ministro británico limitaba el derecho a reunirse al mismo tiempo que organizaba fiestas sin respetar las medidas que recomendaba e imponía a la ciudadanía. En nuestro entorno más cercano, uno de los miembros del LABI, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria y el órgano que endurecía o suavizaba las restricciones contra la Covid-19 en Euskadi, se fue a jugar al golf durante los momentos más restrictivos de la pandemia.

Tanto la lucha contra la corrupción, la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres o la protección de la salud durante la desconocida pandemia han establecido en los últimos años un nivel de exigencia moral, ético y en último término político que se intenta que cristalice para mejorarnos como sociedad. El PSOE introdujo con la moción de censura a Rajoy el valor compartido de que lo peor que le puede pasar a una democracia es que sus representantes abusen de su poder para enriquecer a sus familias o a sus partidos. La ‘ley del sí es sí’ colocó un nuevo valor compartido en el que el consentimiento se ponía en el centro para generar un nuevo y necesario escudo de protección para las mujeres. La pandemia nos recordó que tenemos que confiar en el poder legítimo de nuestros representantes para protegernos en situaciones de emergencia aunque ello implique temporalmente la pérdida de derechos fundamentales.

Lo peor de la falta de ejemplaridad en nuevos referentes morales, éticos y políticos sin cristalizar es que generan gigantescos agujeros que permiten la propagación de ideas y comportamientos reaccionarios como la expansión de la peligrosa idea de que todos los políticos son iguales, de que se ha ido demasiado lejos con el feminismo o que los negacionistas antivacunas de la covid podían tener razón.