Que la Guardia Civil tenga que registrar el despacho de todo un fiscal general del Estado, mandatada por el Tribunal Supremo, es un hecho de extrema gravedad e inusual en democracia. Como también lo es que ostente el cargo un jurista promovido por la anterior ministra de Justicia, obscena inquilina del mismo antes de su sucesor, que mantiene el mismo cometido: actuar como burdo abogado defensor del Gobierno, de Pedro Sánchez y de los intereses políticos y personales de ambos.

Tampoco tiene precedentes una operación en tan alta instancia, teóricamente independiente y al servicio de los ciudadanos como responsable de la acusación pública, por presuntos delitos cometidos contra uno de ellos. A Álvaro García Ortiz se le atribuye un delito de revelación de secretos que, más allá de eventuales consecuencias penales, tiene unas connotaciones dramáticas para la salud de la democracia.

Porque el Supremo y la Guardia Civil intentan discernir, nada menos, si conculcó derechos fundamentales de un ciudadano para cocinar un caso contra un adversario de Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid y pareja del denunciante.

Tener que incautarle al fiscal todos sus sistemas de comunicación para averiguar si utilizó los mensajes privados entre un justiciable y un subordinado es la metáfora ostentosa del llamado sanchismo, que somete las instituciones y las reglas del juego a sus más bastardos objetivos.

Que, en ese contexto, ubicado en el mismo paisaje de corrupción política y familiar que acorrala a Sánchez y alimenta su agresión sistemática a la independencia judicial, el Gobierno se permita crear dos nuevas fiscalías políticas o asalte RTVE para controlarla en plena jornada de luto nacional por la DANA, deja clara la ausencia de líneas rojas de este presidente y la necesidad de que los contrapoderes no decaigan en su labor y pongan a todos estos abusos democráticos el precio que merecen. Un PSOE que se dice doliente declara tres días de luto y que durante ellos no hará declaraciones. Conmovedor. Pero no se nos olvida que tras los brutales atentados del 11-M, en pleno luto nacional, el PSOE no se calló ni en la jornada de reflexión. Como es habitual, hay varias varas de medir.

Dado que ni García Ortiz ni Sánchez dimiten, quizá les toque a los tribunales recordarles cuáles son sus límites.