La noticia de que el Gobierno «sopesó» declarar la emergencia nacional por la DANA, pero que rechazó hacerlo «para no quitarle el mando al presidente de la Comunidad Valenciana» no puede ser aceptada sin más por los ciudadanos españoles.
La normativa básica para la gestión de catástrofes naturales como la de la DANA es triple.
El primer instrumento es el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM).
El segundo, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC).
El tercero, la Norma Básica de Protección Civil (NB).
En su artículo 28, el SNPC define las emergencias nacionales como aquellas:
1. Que requieren para la protección de personas y bienes la aplicación de los estados de alarma, excepción y sitio.
2. En las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afectan a varias comunidades autónomas y exigen una aportación de recursos a nivel supraautonómico.
3. Que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieren una dirección de carácter nacional.
Uno solo de esos requisitos basta para que el Gobierno declare la emergencia nacional.
La noche del martes, las primeras imágenes de la devastación causada por la DANA confirmaron que concurrían los requisitos 2 y 3 para la declaración por parte del Gobierno de la emergencia nacional y que los daños superaban con mucho las capacidades de una comunidad autónoma.
Esa declaración habría puesto la dirección política de la crisis en manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la dirección operativa en manos del teniente general de la UME.
La negativa del Gobierno a declarar la emergencia nacional, escudándose en que las competencias son autonómicas, no puede justificarse sin más.
En primer lugar, porque la normativa de protección civil habilita de forma explícita al Gobierno para asumir el mando en situaciones como la que se vive en la Comunidad Valenciana desde el martes, y que ha superado ampliamente los daños y el número de víctimas provocado por anteriores catástrofes medioambientales, como la de la borrasca Filomena, la de la erupción del volcán de La Palma, o la de otras DANAs.
En segundo lugar, por un elemental sentido común. Si la situación que se vive hoy en la Comunidad Valenciana no merece la consideración de emergencia nacional, ¿qué catástrofe sería necesaria para que el Gobierno asumiera su responsabilidad y se pusiera al frente de los operativos de rescate y de protección civil?
¿Cómo puede ser, en fin, que personalidades como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron o Nayib Bukele hayan ofrecido su ayuda al Gobierno ante la evidencia de que lo sucedido en España es una catástrofe sin precedentes, pero que el Gobierno haya esquivado su deber alegando querer evitar una imaginaria batalla por las competencias?
A los supervivientes de la DANA que todavía ayer reclamaban con desesperación suministros tan elementales como agua, comida, medicinas y seguridad frente a los saqueos, la batalla política les importa muy poco. Especialmente cuando es legítimo sospechar que esa batalla por las lindes competenciales es sólo un pretexto para que la responsabilidad por el desastre recaiga enteramente en el rival político.
«Estamos ante una emergencia nacional. Son necesarios todos los medios del Estado» ha dicho Alberto Núñez Feijóo. EL ESPAÑOL coincide con el líder de la oposición y llama al Gobierno a asumir su responsabilidad.
Porque a quien se está abandonando a su suerte con la negativa a declarar la emergencia nacional no es a Mazón, sino a los ciudadanos víctimas de la DANA.