Ojalá fuese verdad, o lo llegase a ser, que los dos grandes partidos han decidido rebajar la tensión en el debate sobre la tragedia valenciana. No lo es; se trata tan sólo de una relativa tregua táctica, un cambio de tono ante el ejemplo de los Reyes y la comprobación de que la brusquedad del enfrentamiento ha provocado una generalizada sacudida de desconfianza. Hay en torno al bochorno de la tardanza en la ayuda oficial tres corrientes de opinión ciudadana: la que culpa a la izquierda, la que culpa a la derecha y la que señala una responsabilidad transversal de todas las fuerzas e instituciones involucradas. Ésta última, cada vez más extendida, es también la más grave porque más allá del sectarismo partidario apunta a un fallo sistémico, un agujero funcional en cuyo centro aparece el modelo autonómico con todas las costuras al descubierto. Al peligro nihilista del «que se vayan todos» argentino se suma así la descalificación global de un fundamento primordial de nuestro Estado moderno.

Con todos sus excesos –que son bastantes– de clientelismo y disfunciones varias, la estructura territorial ha hecho progresar a España. Ha impedido la división del país en zonas más y menos desarrolladas, ha multiplicado y acercado los servicios públicos y ha distribuido recursos y rentas con proporcionalidad solidaria. Pero esa descentralización se basa en la lealtad mutua a un proyecto común de nación cuyas bases subsidiarias han sido a menudo quebrantadas. Hasta ahora, los conflictos de mayor relevancia provenían de los continuos desafíos planteados por las formaciones nacionalistas o separatistas vascas y catalanas; la novedad acontecida tras la riada consiste en que ha sido el Gobierno central el que se ha rebelado contra sus obligaciones tasadas. El abstruso mantra de la `cogobernanza´ difícilmente puede explicar la renuencia del presidente a asumir la dirección de la crisis mediante el decreto de alarma que a todas luces demandaban las circunstancias.

Buena parte de la sensación de fracaso proviene de ese absentismo torticero. Al margen de la manifiesta incompetencia de la Administración regional, las proporciones de la catástrofe sobrepasan de largo sus capacidades y medios. Pedro Sánchez, al exigir que se le pida la ayuda y arrastrar los pies para enviar al Ejército, ha rozado la denegación de socorro y ha propagado un clima social de desaliento que rebota contra el crédito genérico, ya muy menguante, del sistema entero. Incluso a la hora (tardía) de adoptar medidas acertadas como las anunciadas ayer, su cálculo político avieso le ha empujado a la tentación oportunista de vincularlas a la aprobación de los Presupuestos. Habrá que ver cómo pretende compatibilizar la solidaridad con la comunidad peor tratada en el reparto financiero y el concierto fiscal excluyente que le reclaman esos socios expertos en traficar con privilegios.