Nadie quiere dimitir porque en nuestro mediterráneo país, dimitir significa ser culpable, no solo políticamente, sino penalmente culpable. Y nadie quiere cesar a nadie porque, lo primero es el partido (mi patria es mi partido) o el Gobierno. Y si señalas a un dirigente con el despido, señalas al partido. Así que nadie presentará su dimisión y nadie será cesado; así que las responsabilidades quedarán vacantes hasta que el pueblo soberano les pase la factura. El desastre no puede quedarse encapsulado en las consecuencias del cambio climático, en un aviso anónimo y tardío de meteorología o hidrología, en una llamada telefónica a la UME que no llegaba o el porqué los efectivos militares se activaron con tanto retraso.

El pueblo doliente y cabreado no se conformará con ese relato. El pueblo quiere castigo y sacrificio. Esto no es un asunto de políticos, de corruptelas de partido, de jueces o fiscales a la greña, de luchas por el poder. El enroque del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su sillón imputado por presuntamente revelar secretos, le trae sin cuidado a la calle que mira distraída la tele. Incluso, el desfile por los telediarios de los Koldos, Aldamas, Ábalos, resbalan a la mayoría más atenta al entretenimiento y los variados chiringuitos de jugones que a los líos de los políticos. Y, sería para nota, que la opinión de la calle entendiera la gravedad de que una vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, hubiera pisado, o no, territorio nacional, en la sala de autoridades, el espacio aéreo, o la pista de Barajas. No exigirá por ello sacrificios humanos.

Pero cuando llega la muerte, la desolación, la quiebra económica empresarial y llama a tu puerta sin que el poder político y administrativo hagan su trabajo, entonces el azteca que llevamos dentro pedirá sangre. No importa que no haya elecciones a la vista. Lo de Valencia generará unos efectos colaterales tan potentes que pueden acortar la legislatura.