«En realidad, ya prácticamente no queda ninguna cosa que no se pueda hacer con un presupuesto prorrogado». Así resume un miembro del cuerpo de interventores del Estado, con más de dos décadas de trayectoria en el área de gasto del Ministerio de Hacienda y una dilatada experiencia con diferentes gobiernos el prácticamente ilimitado margen de maniobra del que hoy en día disfruta el Ejecutivo para estirar a su antojo el Presupuesto del Estado.

Si hubo un tiempo en el que, en efecto, disponer del respaldo de unos Presupuestos marcaba la frontera entre la posibilidad de desarrollar una agenda política o no hacerlo, o entre atender en condiciones una determinada emergencia o no poder hacerlo, como sugirió el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al apelar a la urgencia política de tener unos Presupuestos para poder financiar las ayudas a los afectados por la DANA, hace ya unos años que dejó de ser así.

Las fuentes consultadas, todos ellos altos funcionarios con experiencia en el diseño y la gestión de los Presupuestos del Estado, sitúan precisamente el punto de corte entre una y otra era en el periodo 2018-2020, en el que un gobierno socialista en minoría parlamentaria se vio obligado a gobernar bajo la prórroga de unas cuentas públicas diseñadas por un ministro del PP, Cristóbal Montoro, y afrontar con esa aparente limitación un acontecimiento tan insólito como una pandemia.

Ya durante 2019 pero especialmente en los primeros meses de la pandemia los equipos del Ministerio de Hacienda fueron desmontando una a una todas las cautelas y los cortafuegos en la normativa presupuestaria introducidos unos años antes por Cristóbal Montoro para asegurarse el control total del gasto del Estado en un contexto en que al Reino de España no le quedaba otro remedio que cumplir los exigentes objetivos de reducción del déficit impuestos por Bruselas.

El resultado del desmontaje de todo ese entramado de restricciones presupuestarias y de la edificación de una nueva base jurídica mucho más flexible se aprecia de forma inequívoca en la ejecución presupuestaria del año 2020, en que el Gobierno no tuvo ninguna dificultad para ensanchar en nada menos que 76.000 millones el modesto techo de gasto de algo menos de 120.000 millones que supuestamente le imponía el presupuesto prorrogado de 2018.

Asentado el nuevo marco, los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez no han tenido ninguna cortapisa legal ni administrativa para estirar los Presupuestos del Estado, fueran estos prorrogados o de nuevo cuño, más allá de los límites de gasto previstos. Más aún en los últimos años en que a raíz de la pandemia las reglas fiscales europeas estuvieron suspendidas.

¿Existe alguna limitación regulatoria para estirar los Presupuestos para hacer frente a la emergencia humana, social y económica en la Comunidad Valenciana o para que el Estado pueda transferir recursos desde los Presupuestos del Estado a la administración autonómica o municipal? «No existe ninguna. Se puede modificar el presupuesto para disponer nuevos créditos para esta situación y se pueden transferir recursos al gobierno regional o a los ayuntamientos sin problema», explica otro funcionario histórico de la Intervención General del Estado, ahora en tareas de evaluación de políticas públicas en otro organismo.

En realidad sí existe una limitación, como recuerda una de las fuentes consultadas, ahora en el sector privado. «Lo que ocurre cuando no hay Presupuestos es que todas las políticas e inversiones nuevas que el Gobierno quiera sacar adelante tienen que ser aprobadas por el Parlamento».

Y no es una limitación menor, dada la situación de precariedad parlamentaria en la que se mueve el Gobierno. Esa limitación explicaría que el presidente del Gobierno quisiera asociar la transferencia de las ayudas a la Comunidad Valenciana al apoyo político a su proyecto de Presupuestos, sobre el bien entendido de que habrá pocos grupos políticos por no decir ninguno que se opongan al envío de ayuda estatal a la zona afectada.

Las necesidades a cubrir exigirán con toda seguridad de un esfuerzo presupuestario muy elevado. Según la actualización del impacto de la DANA sobre el tejido empresarial valenciano difundida ayer por la Cámara de Valencia, los daños habrían alcanzado a una zona que supone el 32% del PIB de la provincia, que paga el 25% de los salarios y que genera el 38% de los rendimientos empresariales que se generan en la comarca.

El perímetro de las empresas afectadas se ha ensanchado de hecho en este último análisis y su número se ha elevado desde las más de 30.000 que se preveían en un primero momento a más de 48.000, del mismo modo que el número de municipios afectados se ha elevado a 78.

El decreto aprobado por el Gobierno, publicado ayer en el BOE, revela que se va a crear un nuevo programa presupuestario, el 929D, con el nombre ‘Contingencias asociadas a la DANA’ para concentrar todos los recursos que se necesiten para las ayudas.