Un nuevo escándalo pone en evidencia la naturaleza autocrática del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de su meticuloso plan para asfixiar económicamente a los medios de comunicación que no pertenecen a la constelación de cabeceras de su confianza.

Es decir, todas aquellas que la Moncloa ha clasificado como propagadoras de bulos y «pseudomedios». En realidad todas aquellas cuyo único denominador común es haber publicado noticias veraces sobre los casos de corrupción que afectan al entorno más cercano al presidente.

Según un detallado informe del portal especializado Dircomfindencial, han sido las agencias de medios las que han disparado las alertas sobre la vulneración del principio de neutralidad en el reparto de la publicidad institucional.

Se trata de una estrategia urdida desde la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la supervisión directa del presidente, irónicamente encastrada en el llamado «Plan de Acción para la Democracia».

Las agencias de medios que integran el Acuerdo Marco a través del cual el Gobierno gestiona la publicidad institucional denuncian que desde la Moncloa se está privilegiando de forma desequilibrada a los medios adictos frente a los críticos.

La consecuencia de ello es que «se están modificando las cuotas de inversión en ciertos medios y soportes, incluso eliminando su presencia, sin justificación objetiva alguna».

La respuesta de Pedro Sánchez a las investigaciones judiciales y periodísticas ha sido intentar crear un clima de intimidación contra estos contrapoderes. Y ha encontrado la fórmula para perjudicar a la prensa desafecta sin transmitir la apariencia autocrática de la censura pura y dura: el reparto de publicidad institucional.

No se puede olvidar que la publicidad institucional tiene como finalidad suministrar a los ciudadanos información de servicio público. Su planificación, por tanto, debe responder a parámetros objetivos con el ranking de audiencia como principal referencia.

Todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno, al convertir esa planificación en un instrumento para penalizar a los medios críticos. El modo de hacerlo es alterar la justificación estrictamente profesional de las cuotas de inversión que han venido haciendo las agencias, introduciendo indicadores caprichosos o parámetros de medición que no están reconocidos por la industria publicitaria.

Es evidente que se trata de métricas expresamente requeridas para cancelar a determinados medios incómodos de gran audiencia, en beneficio de otros muy alejados en el ranking que, con las condiciones habituales, no habrían entrado en el reparto o se habrían llevado una inversión mucho menor.

Estos criterios discrecionales resultan más preocupantes si cabe, a la vista del desorbitado gasto incurrido y previsto por el Gobierno para esta materia. Para 2024, ha presupuestado 138,2 millones de euros en publicidad institucional.

Pero es que, entre 2019 y 2023, el Gobierno de Sánchez destinó 309 millones de euros para campañas institucionales. El doble de lo que gastó el Gobierno de Rajoy en seis años. Es decir, Sánchez ha gastado 61,9 millones de media al año en publicidad institucional.

En contra de lo proclamado en su plan de presunta regeneración democrática, los criterios y sobre todo el resultado del reparto de la publicidad institucional están siendo absolutamente opacos. El Gobierno no ha aportado un desglose de las partidas por soporte, ni por medios. Sólo proporciona el monto global y remite liego a los ministerios que a su vez camuflan a los destinatarios.

Se trata de una auténtica caja negra imposible de abrir ni siquiera a través del llamado Portal de Transparencia. Probablemente porque el día que conozcamos el monto de lo recibido por los medios gubernamentales que le sirven a Sánchez de ariete contra la oposición y los jueces estaremos ante un escándalo descomunal con posibles consecuencias penales. La apariencia de la prevaricación y la malversación flota ya sobre altos cargos del sanchismo como el Secretario de Estado Vallés o su número dos Nevado.

Esta práctica flagrantemente arbitraria contradice los compromisos del propio Acuerdo Marco del Gobierno para la adjudicación de campañas de la Administración General del Estado, que dispone que «la selección de medios deberá realizarse conforme a criterios técnicos y estar perfectamente justificada». Además soslaya los requisitos de la norma europea en la que el Gobierno dice ahora inspirarse.

Cuando el Gobierno anuncia además la distribución de otros cien millones para fomentar la digitalización de unos medios que ya son en su inmensa mayoría digitales, todo indica que estamos ante un intento de cambiar aceleradamente la libertad de elección de los lectores.

Es ya hora de que el Congreso de los Diputados, los tribunales y la propia Comisión Europea obliguen a Sánchez a abrir esa caja negra nutrida con el dinero de todos que sin duda dejará pequeños los fondos de reptiles del pasado.