Editorial-El Correo
- La necesaria reforma que facilitará los trámites administrativos es una oportunidad para revisar el andamiaje institucional vasco
El plan anunciado por el lehendakari para reducir la burocracia en todas las instituciones y mejorar la atención al público es una iniciativa tan ambiciosa como necesaria que exigirá el máximo esfuerzo de coordinación entre los poderes autonómico, foral y local. Tras más de cuatro décadas de autogobierno, Euskadi precisa una Administración «más moderna, más ágil» y adecuada a la realidad del siglo XXI, como bien ha reconocido Imanol Pradales. La propuesta estrella de la reforma, que se articulará a través de una ley, consiste en la creación de un portal digital único desde el que los ciudadanos puedan realizar todo tipo de trámites a fin de facilitar esos procesos, como adelanta hoy este periódico. La ‘app’ incluirá, además, un sistema para avisar a sus usuarios de los servicios y ayudas a los que tienen derecho. Se trata de una medida pionera que, a falta de conocer sus detalles y funcionamiento, parece llamada a marcar un antes y un después en este ámbito, en el que no cabe olvidar a los colectivos más vulnerables a la brecha digital ni la conveniencia de extender el trato directo que brinda la atención presencial, que ha ido perdiendo espacios con la excusa de una pandemia ya lejana.
Euskadi tiene un complejo andamiaje institucional, sustentado en tres niveles con un reparto de competencias que se inspira en la foralidad y dibujado en la Ley de Territorios Históricos y el Estatuto de Gernika, lo que no evita disfuncionalidades en determinados ámbitos. Además, el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos han ido creando con el paso del tiempo una amplia red de sociedades públicas, organismos autónomos y entidades diversas para el ejercicio de sus atribuciones, lo que ha obstaculizado aún más la ya de por sí dificultosa relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración e, incluso, se ha revelado como una traba para la cooperación entre los diferentes planos de esta.
De ahí que sea aconsejable aprovechar la reducción de la burocracia anunciada por el lehendakari, que resulta bienvenida, para revisar a fondo el entramado institucional de nuestra comunidad con el objetivo de eliminar posibles duplicidades. No solo por su coste económico -un informe encargado en 2011 por el Ejecutivo de Patxi López las valoró en 400 millones-, sino para mejorar la eficiencia de las instituciones y el buen uso de los recursos públicos evitando así que una maraña administrativa favorezca el clientelismo político y los chiringuitos.