Hubo un momento en estos casi 50 años de democracia en el que dimos por supuesto que el Gobierno, en tanto poder ejecutivo, rendía cuentas ante el Parlamento que elige al presidente y, en su caso, ante el poder judicial si las circunstancias lo exigían. En solo seis años, Pedro Sánchez ha cambiado el paradigma y ha instalado en el ideario colectivo la teoría de que un presidente solo ha de confesar sus pecados cada cuatro años ante las urnas, lo cual supone una perversión y una visión tan parcial como torticera del funcionamiento del sistema. En solo una semana, crucial por los efectos casi bélicos de la catástrofe humanitaria de Valencia, el núcleo duro del Gobierno, con Sánchez al frente, se ha ausentado directamente del Parlamento. Al Senado no acude desde hace ocho meses por la sencilla razón de que el PP tiene mayoría absoluta. ¿Resultado? Lo ignora. Respecto al Congreso, la labor del Gobierno se limita a forzar votaciones que alteren a voluntad las estructuras del sistema que dicen defender.

En solo unos días, el Gobierno ha impuesto la sustitución de mayorías parlamentarias de tres quintos de la Cámara por una mayoría absoluta para el control de RTVE. Ha invocado una cogobernanza falsaria en virtud de un único criterio, el de “yo invito, tú pagas”. Ha impuesto una ‘morcilla’ en una normativa de ayudas contra la DANA para perpetuar al director operativo de la Policía, que debía jubilarse, mientras ‘prejubila’ sin causa a un coronel de la Guardia Civil como Pérez de los Cobos, castigándolo arbitrariamente sin ascenso a general. Ha encubierto la labor de ‘lobby’ de la vicepresidenta primera responsable de áreas esenciales en la lucha contra catástrofes naturales, Teresa Ribera, sacándola de la ecuación para no mancharse de barro. Y ella, por lo que pudiera ocurrir (y ha ocurrido) renunció a su escaño en la Eurocámara, mantiene artificialmente su cargo de vicepresidenta de un Gobierno semihundido que quiere abandonar cuanto antes, y pasa los días sin ejercer sus funciones, simulando que está aquí cuando en realidad solo piensa en Bruselas. De su escaqueo de responsabilidades con la DANA ya se ha escrito mucho y ha accedido a comparecer voluntariamente la próxima semana en el Congreso… Pero solo cuando supo que se le iba a complicar en extremo su designación como vicepresidenta de la Comisión Europea. El interés individual frente al colectivo, sin rendición de cuentas de la vicepresidencia que aún ocupa.

En estos días, Sánchez no aparece por el Congreso y opta por quedarse a cenar en Bakú, sin agenda oficial y tras asistir a una cumbre del clima de pontífices de la demagogia medioambiental. Tampoco ha acompañado al Rey a la Cumbre Iberoamericana sin ofrecer ningún tipo de explicación plausible. Y sí llevará a Begoña Gómez a Brasil a una cumbre del G-20, utilizada como escudo protector para eludir una comparecencia judicial por corrupción. Con Sánchez de turismo institucional, con Teresa Ribera ausente, con Marlaska censurando a altos cargos mientras su jefe policial antiblanqueo escondía 20 millones de euros del narco, y con Óscar Puente asegurando que la frase de Sánchez a los valencianos para que le pidan ayuda si la necesitan es solo un ‘bulo’, han dejado solo a Ángel Víctor Torres ante la tribuna del Congreso para repetir el argumentario de Moncloa como el muñeco de un ventrílocuo. La pregunta sigue siendo inquietante: ¿ante quién responde el Gobierno?

Para Sánchez, la Monarquía y el Parlamento han dejado de ser instituciones dignas de respeto y solo las utiliza como coartada formal para su cambio de paradigma: el de no rendir cuentas simulando que sí lo hace».

España empieza a ser una monarquía parlamentaria en apariencia. No porque no haya Monarquía, que la hay, con una jefatura del Estado ejemplar y elegante incluso hasta para demostrar su indignación con el Gobierno. Y tampoco porque no haya Parlamento, que lo hay. Pero para Sánchez han dejado de ser instituciones dignas de respeto y solo las utiliza como coartada formal para su cambio de paradigma: el de no rendir cuentas simulando que lo hace. El mecanismo es perverso: la colonización de instituciones con cargos afines, sin criterio propio y de obediencia ciega, conduce a que las instituciones responden ante el presidente del Gobierno con sus actos, pero ese mismo presidente no responde ante ellas más que con formalismos inocuos. Cuando prospera la tesis de que en un régimen no presidencialista como el español, un presidente solo debe someterse a la voluntad de las urnas cada cuatro años, y lo que ocurra en medio de ese plazo es un agujero negro en el que cualquier responsabilidad se diluye porque las funciones del resto de instituciones quedan desactivadas por los hechos consumados, la única conclusión posible es que el Estado empieza a quedar inerme ante uno solo de sus tres poderes.

El ‘begoñismo’ consiste en no rendir cuentas ante el Congreso, los tribunales o una comisión de investigación, pero sí hacerlo ante dos multinacionales poniendo a su disposición el aparataje de la Presidencia solo si siguen financiando su cátedra».

Si la primera cara de esta moneda es la desactivación de una auténtica fiscalización parlamentaria, sustituida por la sumisión del poder legislativo al ejecutivo, la otra cara de esta moneda es el desprecio como legítimo del poder judicial cuando investiga por presunta corrupción al entorno del presidente del Gobierno. De ahí los silencios de Begoña Gómez y su errónea estrategia procesal para no aclarar lo que, según ella, no existe. Porque si no existe, ¿qué problema hay en colaborar con la justicia, dar su versión contra acusaciones infundadas, y salir indemne como cualquier otra persona honesta? La clave se antoja mucho más rebuscada: no reconocer como legítima una investigación penal. Esa es la vía elegida para justificar públicamente que tampoco ante la justicia el Gobierno y su entorno han de rendir cuentas. Al Parlamento se le compra con caviar eterno para sus socios, y a la justicia se le comunica que Moncloa es inmune a cualquier acusación porque a fin de cuentas las urnas así lo han determinado. El ‘begoñismo’ consiste exactamente en eso: no rendir cuentas ante el Congreso, los tribunales, una comisión de investigación o la opinión pública, y a la par, sí rendirlas ante dos multinacionales poniendo a su disposición el aparataje de la Presidencia del Gobierno solo si siguen financiando su cátedra. “Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”. Con ellos, sí. Si pagan. Con las instituciones creadas para rendir cuentas, colaboración cero.

El diagnóstico es grave. Pero más grave es la incapacidad que está demostrando el Estado para aplicar los mecanismos correctores suficientes que impidan que la sede de la soberanía nacional o una sede judicial dejen de ser la coartada para que el propio Estado se limite a compulsar, como un notario maniatado, esta demolición estructural de nuestros mecanismos de rendición de cuentas. La percepción que se abre paso es que si un presidente no quiere ser escrutado, no tiene por qué hacerlo. Y si lo hace, es solo al albur de instituciones devaluadas, deformadas y sometidas al deseo personal de ese presidente.

Hoy nadie alcanza a saber cómo recomponer las líneas rojas rebasadas para que todo un Gobierno, vaya a ser comisario europeo o gurú medioambiental en Bakú, se niegue a ser fiscalizado de modo efectivo a diario, y no cada cuatro años. Porque eso no es lo previsto en nuestro sistema. Que nadie pueda ganar una moción de censura a Sánchez no implica que Sánchez sea inmune a su secuestro del sistema. Las urnas conceden legitimidad, pero no patente de corso. Y esa patente de corso es la que empieza a adquirir rasgos de irreversibilidad porque el respeto a las instituciones y la subordinación del poder ejecutivo a la lógica constitucional se han esfumado.