Una imagen recogida por las cámaras de Antena 3 simboliza a la perfección el vodevil político al que se vieron obligados a asistir ayer los españoles. Fue la imagen de la diputada socialista Patricia Blanquer rogándole a los independentistas de ERC, con las manos en posición de rezo, su voto favorable al ‘impuestazo’ del Gobierno.
Ni siquiera sus súplicas sirvieron para que la Comisión de Hacienda aprobara los impuestos a la banca, las energéticas y el diésel que acompañaban a la trasposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo del 15% a las multinacionales, y cuyo retraso (la medida debería haber sido aprobada hace un año) ha sido motivo de que España haya sido denunciada frente a la justicia europea por la Comisión.
El ‘no’ a la subida del diésel y a la conversión en permanentes de los impuestos temporales a la banca y las energéticas eran las tres medidas principales de un paquete de 46 subidas fiscales que le iba a permitir al Gobierno cumplir con las condiciones de Bruselas para el desembolso de un paquete de ayuda europea de 7.200 millones de euros. El Gobierno deberá ahora negociar esa ayuda casi desde cero.
La Comisión sí dio su aprobación a algunas medidas menores, como la subida del tabaco y el IVA turístico, y el aumento de dos puntos en el IRPF, desde el 28% hasta el 30%, de las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros.
Posteriormente, y tras la suspensión hasta las 23:00 de una sesión caótica como pocas se han visto en el Congreso, el PSOE llegó a un acuerdo in extremis con ERC, EH Bildu y BNG para prorrogar un año más el impuesto a las energéticas y para una subida de los impuestos a la banca a cambio del compromiso de «dirigir toda la recaudación» a las comunidades, así como la de concertar esa subida en el País Vasco y Navarra.
Esa subida se haría mediante un decreto ley y no como enmienda ‘adjunta’ a la trasposición de la directiva europea.
Está por ver que ese decreto vaya a ser aprobado en el Congreso por el PNV y Junts, que muy probablemente exigirán a cambio de su ‘sí’ concesiones tan gravosas o más que los ingresos que generarían los nuevos impuestos. Y entre esas concesiones, la de la exención del impuesto a las empresas estratégicas vascas, en el caso del PNV, y más concesiones económicas, en el caso de los de Carles Puigdemont.
Lo que resulta evidente es que el caos vivido ayer en el Congreso es una prueba más de que la «mayoría progresista» de la que presume un Pedro Sánchez que ayer se fotografiaba en un G20 de rutina, mientras sus diputados suplicaban en la Comisión de Hacienda, no existe más que en la propaganda de Moncloa.
Si el presidente confiara en los augurios del CIS convocaría sin duda alguna elecciones generales anticipadas. Sobre todo a la vista de la escasa lealtad de sus socios. Si esos cinco puntos de ventaja sobre el PP que augura el CIS de Tezanos son reales, ¿a qué espera Sánchez para llamar a las urnas a los españoles y mejorar sus buenos resultados de 2023, cuando quedó en segundo lugar frente a Alberto Núñez Feijóo?
Hace demasiados años ya que las únicas buenas noticias políticas para los españoles son aquellas que se derivan de las derrotas parlamentarias del presidente del Gobierno.
¿A qué espera entonces Sánchez para preguntarle a los ciudadanos, pero sobre todo a los votantes del PSOE, si están de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy en España?