Editorial-El Correo
- La ofensiva del PP solo logra retrasar el nombramiento de la nueva ‘número dos’ de la Comisión, avalada por los populares europeos
Teresa Ribera será la ‘número dos’ de la Comisión Europea como vicepresidenta para la Transición Justa, Limpia y Competitiva, un cargo que incluye la poderosa cartera de Competencia, y también la principal referencia socialdemócrata en un Ejecutivo girado hacia la derecha tras las últimas elecciones. La agresiva campaña para desprestigiarla lanzada por el PP en Bruselas por su cuestionable papel en la dana de Valencia, de la que ha parecido ausente, retrasó el nombramiento hasta que la todavía ministra compareció ayer en el Congreso y el Senado. Pero estaba condenada de antemano al fracaso en su objetivo de frustrarlo por dos motivos. El principal, porque resulta ilusorio que una disputa partidista doméstica pueda condicionar la formación del Gobierno de la UE en un momento histórico decisivo. El secundario, porque los populares carecen de autoridad moral para esgrimir tal exigencia cuando mantienen al frente de la Generalitat a Carlos Mazón pese a los escandalosos errores cometidos en la gestión de la catástrofe.
El desbloqueo del nuevo equipo de Ursula von der Leyen merced a un acuerdo entre el PP europeo -que se desmarca así de sus socios españoles-, los socialdemócratas y los liberales mientras Ribera negaba en las Cortes Generales cualquier negligencia de su departamento, aunque la cronología de los hechos apunta a unos canales de información y a previsiones muy mejorables, acabó con la estratagema de Alberto Núñez Feijóo. Al jefe de la oposición, cuyos eurodiputados votarán en contra de la nueva comisaria, le queda el consuelo de haber tapado por unos días las responsabilidades de un Mazón que tiene desconcertado incluso a su propio partido. Y, sobre todo, de que para blindar esa elección Pedro Sánchez, que se presenta como estandarte del «progreso», se ha visto obligado a avalar a los vicepresidentes propuestos por la ultraderechista italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orbán, con lo que traspasa una nueva línea roja.
De los divergentes relatos del Gobierno central y de la Generalitat en torno a la dana se desprende que ninguno de los dos estuvo a la altura de la alerta roja del 29 de octubre. Es imprescindible que el PP y el PSOE dejen en segundo plano sus diatribas y que todas las administraciones afectadas aúnen ideas y recursos, empezando por identificar las necesidades según su prioridad y por compartir la financiación que requieran. Para eso será crucial la tarea que Ribera pueda emprender en la Comisión Europea.