Hay un precedente. Y es sugestivo. Carmen Romero, esposa que fuera de Felipe González y primera mujer de un presidente del Gobierno de España con vida (profesional) propia. En una entrevista concedida al diario El Mundo en 2009 declaró: “No hay un estatuto especial para ser la mujer del presidente, sólo luchar por no dejar de ser tú misma”. Encaja.

A Romero, profesora de Lengua y Literatura y traductora ocasional del italiano al español, sus compañeros de la UGT y del PSOE de Cádiz le propusieron ir en la lista que el partido que lideraba González iba a presentar por esa provincia andaluza en las elecciones generales de 1989. Contra el criterio del que entonces era su marido, y presidente del Gobierno, aceptó.

Carmen Romero fue diputada cuatro legislaturas consecutivas (1989-2004). Y más adelante, 2009-2014, ocupó escaño en el Parlamento Europeo. Problemas de salud, felizmente superados, la apartaron de la vida política, y hoy lleva una vida apacible entre Madrid y Sevilla. Begoña Gómez no es Carmen Romero, y su vida puede calificarse de muchas maneras, menos apacible. Y, sin embargo, el precedente Romero podría servir para justificar el hallazgo de una súbita vía de escape.

Begoña diputada, Begoña aforada, alejada de sí la temible perspectiva de un juicio oral, a salvo de las garras del juez Peinado y a resguardo de un Tribunal Supremo mucho más garantista que la justicia ordinaria

Hay quien ya verbaliza la eventualidad de incluir a la mujer del actual presidente del Gobierno en un puesto de salida en la lista del PSOE por Madrid en las próximas elecciones generales. Ya no es una extravagante fabulación. En la dirección de alguno de los partidos que sostienen al Gobierno, y en ciertos grupos de wasap no muy alejados de Ferraz, hace semanas que se contempla como supuesto no improbable la hipótesis Begoña. Y cuanto más aprieta la Justicia, más fuerza cobra.

Sería, según argumentario exprofeso, un movimiento de legítima defensa ante el acoso al que la señora Gómez, por ser mujer de quien es, está siendo sometida por la derecha mediática y judicial. Begoña aforada, a salvo de las garras del juez Peinado y alejada de sí la temible perspectiva de un juicio oral. Begoña a resguardo de un Tribunal Supremo mucho más garantista que la justicia ordinaria, con independencia de quien se haga cargo de la Sala Segunda.

En el alto tribunal, la disputa por situar al frente de la Sala de lo Penal a una magistrada (o magistrado) con mayor cercanía al Ejecutivo que el presidente saliente, Manuel Marchena, está en un momento crítico. Los nombres que hay en el bombo son los de Ana Ferrer, teóricamente progresista, y Andrés Martínez Arrieta, el más veterano y sin alineación política manifiesta. No es un relevo cualquiera. De quién sea el ganador o ganadora de esta carrera pueden depender algunas decisiones políticas de singular trascendencia. Y si, como parece, la prioridad es Begoña, tratándose de Sánchez nada se debe descartar.

Algo se ha roto en Valencia

Pero el tiempo apremia, porque los cuchillos, uno, dos, tres, pasan cada vez más cerca. Y quizá sea ahora o ya nunca. Porque es ahora cuando los astros parecen haberse alineado abriendo una ventana de oportunidad. Se dan casi todos los ingredientes que justificarían una apuesta de riesgo: una legislatura inmanejable, en la que cada vez se hace más complejo y penoso el trámite de conciliar los antagonismos de tus socios; una legislatura que, salvo claudicación infamante, no es viable, por mucho que sostener a Pedro Sánchez sea la primera opción de los secuestradores; y un Partido Popular que, tras lo ocurrido en Valencia, atraviesa el momento más delicado desde que Núñez Feijóo se hizo con los mandos.

No es posible conceder la menor fiabilidad a la última encuesta del CIS, que sitúa al PSOE 5 puntos por delante del Partido Popular, mientras que los análisis de los micro datos de esa misma encuesta, realizados por empresas demoscópicas independientes, revelan que es el PP el que aventaja a los socialistas en más de un 4% de intención de voto. Pero algo se ha roto. Valencia ha dejado una herida abierta que Feijóo no ha sabido o podido cauterizar. Al menos de momento.

La Comunidad Valenciana aporta 33 escaños al Congreso de los Diputados, casi el 10% del total; 16 la provincia de Valencia. Si hoy se convocaran elecciones el PP tendría muy difícil repetir el resultado de julio de 2023. No es algo definitivo, pero en el caso de Sánchez ya se trata más de cómo perder que de ganar. Y, en todo caso, la lectura que ha calado tras la Dana es la de un Núñez Feijóo que ha desaprovechado la oportunidad de afirmar su liderazgo forzando la renuncia de Carlos Mazón.

Hoy se dan casi todos los ingredientes que justificarían una apuesta de riesgo: una legislatura inmanejable y un PP que, tras lo ocurrido en Valencia, atraviesa el momento más delicado desde el aterrizaje en Génova de Núñez Feijóo

El político gallego ha puesto en un plato de la balanza la hipotética pérdida del poder en la Comunidad Valenciana, en el caso de que Vox forzara un adelanto electoral; en el otro, el debilitamiento de su liderazgo. Y ha elegido lo segundo. La decisión de no abrir una crisis en el partido podría haberse entendido si Mazón no fuera reincidente. Si el presidente valenciano, con su prematuro pacto de julio de 2023 con los de Abascal, no hubiera sido en buena parte responsable de que su partido no sea hoy el que gobierne España. Feijóo ha jugado amarrar. Se ha equivocado; y no solo en lo que afecta a Valencia.

Al Sánchez escapista, políticamente hablando, pero no solo, la falta de visión a medio y largo plazo de Feijóo le concede una oportunidad. Antes tiene que salir del atolladero en el que se ha metido, y desbloquear los 7.000 millones de euros de fondos europeos cuya entrega está condicionada a la aprobación, en tiempo y forma, de una reforma fiscal de imposible aceptación por parte de todos los socios del gobierno “progresista”. Pero como el suicidio político no es hoy por hoy para Sánchez una opción, de un modo u otro, con mayor o menor grado de chapucería, acabará habiendo reforma fiscal.

Salvado este escollo, será el 41 Congreso del PSOE, que arranca en Sevilla la próxima semana, el que nos dé la pista definitiva sobre la decisión más trascendente que habrá de tomar Pedro Sánchez: resistir o anticiparse a los acontecimientos judiciales, y, aprovechando de paso la sensación de fragilidad que transmite el PP, forzar un adelanto electoral.

Las ambiciones propias han pasado a un segundo plano. Es la sociedad de gananciales la prioridad. Es Begoña la prelación. Y muy bien podría ocurrir que fuera el pulgar de Begoña Gómez el que decidiera el futuro de esta psicopática legislatura.