La clave de la declaración frente al juez de la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama está en el porqué.
¿Por qué asume el comisionista del caso Koldo la comisión de varios delitos, se autoinculpa en otros de los que apenas se tenían detalles e implica en la trama, de forma directa en algunos casos e indirecta en otros, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a su mujer Begoña Gómez, al número tres del PSOE Santos Cerdán, al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero y a los ministros Teresa Ribera, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska?
O dicho de otra manera. ¿En qué beneficia a Víctor de Aldama, que tiene derecho a mentir frente al juez como cualquier otro acusado en un proceso penal, la mención a varios miembros del Gobierno, incluido el presidente Sánchez, si esas alusiones sólo pueden redundar en el agravamiento de los cargos que pesan sobre él, y por tanto de su probable condena, en caso de no contar con las pruebas que las sostengan?
¿En qué le beneficia o le perjudica a él personalmente, por ejemplo, informar de que la visita de Delcy Rodríguez a España fue planificada con mimo por el Gobierno con un mes de antelación y que la representante de la narcodictadura socialista venezolana iba a cenar con Pedro Sánchez y los ministros Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, Teresa Ribera y José Luis Ábalos antes de que el plan saltara por los aires?
Como era de prever, tanto Pedro Sánchez como Santos Cerdán han negado las acusaciones de Aldama. «Todo lo que ha dicho este personaje es falso», ha dicho el presidente. «Su estrategia de defensa es la mentira».
Pocas horas antes, el PSOE había anunciado que se querellará contra Aldama.
Sánchez se ha preguntado también retóricamente qué credibilidad tiene «un presunto delincuente». Dejando de lado que Aldama es inocente hasta que se demuestre lo contrario, cabría responderle al presidente que el comisionista del caso Koldo goza de la misma credibilidad que su esposa Begoña Gómez o su fiscal general, también investigados por la justicia, o que el extesorero del PP Luis Bárcenas, al que él y el PSOE creyeron a pies juntillas mucho antes de que un juez lo condenara.
El entorno de Aldama ha respondido ya al presidente en conversación con EL ESPAÑOL. «Vamos a ver si se atreven a querellarse» ha dicho ese entorno. «Existe algo que se llama exceptio veritatis«.
La exceptio veritatis es la facultad que asiste a todo acusado de calumnias de librarse de su responsabilidad penal demostrando que la acusación realizada es verdadera.
El entorno de Aldama está reconociendo por tanto tácitamente que tiene pruebas de todas las acusaciones que este ha vertido sobre el Gobierno.
Como informa hoy también EL ESPAÑOL, Aldama se ha comprometido ya con la justicia a seguir ‘tirando de la manta’. Es decir, a ampliar y corroborar sus denuncias de ayer con más información tras ser liberado por el juez Pedraz.
Pedro Sánchez y el resto de acusados por Víctor de Aldama gozan como es obvio, y como cualquier otro ciudadano, de presunción de inocencia.
Aldama deberá por tanto probar sus acusaciones frente a la justicia y demostrar que su relato no ha sido, como ha afirmado el presidente, una «inventada» cuyo único objetivo era el de fingir colaborar con el juez para conseguir su puesta en libertad.
Las acusaciones de Aldama, además, sólo conllevan posibles responsabilidades penales en el caso de Santos Cerdán y de Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Para el resto de los acusados, y a partir del relato del comisionista de la trama Koldo, las responsabilidades serían, en este momento, únicamente políticas.
Extraordinariamente graves, y merecedoras sin duda alguna de dimisiones al más alto nivel si Aldama prueba sus acusaciones. Pero políticas.
Lo que los españoles deben comprender hoy es que Aldama no ha «puesto el ventilador», como se suele decir en el caso de los corruptos arrepentidos que llegan a pactos con la Fiscalía para implicar al resto de componentes de la trama a cambio de una pena menor.
Aldama se ha autoinculpado de varios delitos.
Y eso obliga a analizar sus acusaciones contra el Gobierno y el PSOE bajo una luz completamente distinta. Porque nadie miente para implicar sin pruebas a inocentes en una trama corrupta si esa acusación, caso de probarse falsa, redundará luego en su perjuicio.