La declaración voluntaria ante el juez del empresario Víctor de Aldama ha colocado una bomba de relojería sobre la legislatura al denunciar el supuesto pago de mordidas al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los señalamientos del comisionista, el «nexo corruptor» entre la trama investigada por la Justicia y el Gobierno, según la UCO, y hasta anoche en prisión provisional por un supuesto fraude millonario con hidrocarburos, carecen por ahora de pruebas que los sostengan y pueden obedecer a una estrategia de defensa. Pero su mero enunciado, que no altera la presunción de inocencia de quienes fueron objetivos de sus dardos, amplifica un escándalo que afecta a una «mayoría de progreso» con origen en una moción de censura justificada en su día precisamente por la corrupción del PP. Con la peculiaridad de que quien ha comenzado a tirar de la manta, asegurado que Pedro Sánchez se empeñó en conocerle y acusado al ministro Ángel Víctor Torres de exigirle 50.000 euros cuando dirigía Canarias tiene un papel clave en asuntos que afectan a la credibilidad del Ejecutivo: la compra masiva de mascarillas en lo peor de la pandemia, los negocios de Begoña Gómez, el rescate de Globalia y el ‘caso Delcy Rodríguez’.