El pasado día 5, Donald Trump ganó las elecciones del país más poderoso del mundo descalificando a sus adversarios y proponiendo imponer su punto de vista. Va a recibir del presidente Joe Biden una política internacional de apoyo a la guerra en Ucrania, en Gaza, Líbano, una eventual escalada con Irán y la percepción de China como un enemigo. Estados Unidos lidera la transición a un nuevo orden político mundial, pero en lugar de exportar sus instituciones utiliza su poder militar. Por el contrario, en los años 70, España hizo una transición a la democracia a través de la conciliación. Los antiguos enemigos se transformaron en adversarios políticos. En ‘Objetivo democracia’, Juan Fernández Miranda resume ese complejo proceso y sintetiza: «El español (…) por primera vez en la historia no fue arrastrado por sus elites hacia posiciones extremosas, sino guiado por su Rey hacia la moderación y el consenso».

¿Es posible implementar a nivel mundial ese legado de moderación y consenso de la transición a la democracia de España? La moderación a escala internacional es imprescindible, pues la innovación tecnológica del siglo XXI no ha sido acompañada de una renovación en materia institucional. El 75 por ciento de los habitantes del planeta tiene un teléfono móvil, pero seguimos viviendo en 193 países soberanos y la guerra sigue siendo una forma de resolver conflictos entre ellos. Estamos hipercomunicados por las nuevas tecnologías, pero enfrentados por los sistemas de representación política.

La Carta de las Naciones Unidas ayuda a los estados a tener relaciones diplomáticas permanentes entre sí, pero también faculta a Estados Unidos y Rusia a vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad con las que no están de acuerdo. Esos países utilizaron esa facultad de veto para lanzar guerras de agresión en Irak o Ucrania y proteger a Siria y a Israel de investigaciones judiciales por la Corte Penal Internacional. La arquitectura legal global no esta basada en la igualdad, no se van a reformar las instituciones en los próximos años y por eso es sumamente útil revisar las fórmulas utilizadas en las transiciones nacionales.

Pasé diez días en España presentando un libro, ‘Guerra o justicia’, que incluye un capítulo sobre el juicio a las juntas militares como un episodio central de la transición a la democracia en la Argentina. La película con Ricardo Darín ‘Argentina 1985’ actualizó el caso y muchos periodistas me preguntaban por qué no había ocurrido algo similar en España. Yo sabía que al comienzo de los años 80 los expertos consideraban que el modelo español era el camino a seguir y que la propuesta de investigar al pasado era considerada un error. Pero el libro de Fernández Miranda me permitió comprender mejor las similitudes y las diferencias entre las dos transiciones.

En los dos casos, los primeros días marcaron las diferencias. El Rey Juan Carlos I tenía como objetivo instalar una democracia en España, y para eso quería «pasar la página lo más rápidamente posible». El pasado dividía, y su objetivo era armonizar a grupos que se enfrentaban dentro del franquismo e incluir a los sectores políticos que habían perdido la guerra civil. Por el contrario, el primer acto de gobierno de Raúl Alfonsín, que fue elegido como presidente con el 52 por ciento de los votos, fue ordenar la investigación de los jefes guerrilleros y militares por los crímenes que hubieran cometido. Quería dividir a los violentos de los moderados y poner los cimientos de una democracia que no aceptaba la muerte como estrategia política.

La paradoja es que esas dos decisiones –dar la vuelta la página o fijarse como prioridad la investigación del pasado reciente–, que aparentemente tienen un sentido opuesto, apuntaban a generar consenso. En España muchos dejaron sus intereses personales de lado para crear una democracia inclusiva, desde Don Juan, que renunció a sus derechos, y nunca fue rey a pesar de ser hijo y padre de un rey, pasando por partidarios del franquismo que aceptaron las decisiones de Juan Carlos I y los líderes socialistas y comunistas que habían pasado años en el exilio pero confiaron en las promesas del monarca.

Alfonsín logró el consenso de otra forma. La primera ley votada por el Parlamento en la flamante democracia declaraba nula la ‘autoamnistía’ adoptada por el régimen militar, y fue apoyada casi por unanimidad, con muy pocos votos en contra. ¿Cómo se logró ese consenso? Durante la campaña, el candidato peronista había aceptado la validez de la ‘autoamnistía’ que consagraba la impunidad de guerrilleros y militares, pero después de su primera derrota electoral en elecciones libres, el peronismo ajustó su posición y apoyó decididamente la propuesta de Alfonsín.

La elite argentina había definido los planes económicos de la dictadura, pero no había participado en la estrategia de represión. No tenían que defenderse de las miles de torturas y desapariciones que habían ordenado los excomandantes, y los abandonaron a su suerte. El juicio a las juntas terminó con un hábito de cincuenta años de esa elite de usar a los militares para llegar al poder.

Con dos mecanismos distintos, acuerdos políticos o juicios, los partidos de España y Argentina segregaron a los extremismos. En los dos países los moderados fueron activos e impusieron su visión. Esa es la clave común de dos transiciones exitosas y diferentes. Además, en España el sector privado ayudó a la transformación de la sociedad. Antonio Garrigues Walker era un joven abogado español que asesoró en los años 70 a Henry Ford II a desarrollar sus planes con España, confiar en el liderazgo de Don Juan Carlos y tomar la decisión de invertir más de mil millones de dólares, abriendo la puerta a una transformación económica que acompañó la apertura política.

¿Cómo mantener el activismo de los moderados? A pesar de las vibrantes disputas de sus políticos, España mantiene un clima de consenso, y tiene una oportunidad de utilizar en forma constructiva la Ley de Memoria Democrática adoptada en 2022 para incluir los reconocimientos a las víctimas, a todas las víctimas de su pasado violento. Pero España puede hacer más a nivel internacional. Conoce el costo de la guerra civil, y enfrentó por cincuenta años al terrorismo de ETA con la Policía y la Justicia, sin bombardear el País Vasco. Puede organizar una coalición pública y privada para poner fin a la guerra de Ucrania y proponer opciones a la estrategia utilizada en Gaza para enfrentar al terrorismo.

España puede retomar la estrategia de su transición y liderar una revolución global y discreta de moderados que pelean firmemente por sus principios.