La onda expansiva de las acusaciones del supuesto cabecilla de la ‘trama Koldo’ y su recorrido judicial dependen de que aporte pruebas fehacientes, como ha prometido. La puesta en libertad provisional del comisionista a petición de la Fiscalía sugiere que ésta otorga verosimilitud a su relato, coherente con el de la UCO. Aunque las imputaciones fuesen falsas, su gravedad empuja a los señalados a articular una inteligente estrategia de defensa si no quieren verse condenados ante el tribunal de la opinión pública y poner en riesgo la débil estabilidad del Ejecutivo. Sus aliados han exhibido interés en mantenerlo como ahora: necesitado de sus votos para arrancarle hasta las cesiones que parecían más improbables en un equilibrio de fuerzas que para ellos solo puede empeorar con un adelanto electoral. La aprobación el jueves, en plena conmoción por el testimonio de Aldama, de una mini-reforma fiscal así lo confirma. Pero la situación se puede volver insostenible si aparecen más datos comprometedores para cargos del PSOE o Begoña Gómez o cobran consistencia los ya conocidos.

El intento del Gobierno de reducir el caso a Ábalos y Koldo García ha saltado por los aires. No basta con que lo niegue todo. Es ineludible que colabore activamente con la Justicia en el esclarecimiento de la verdad y explique cómo fue posible que un «presunto delincuente», en palabras de Sánchez, campara a sus anchas al más alto nivel haciendo negocios con varios ministerios. Y depurar sin demora las responsabilidades que correspondan.