A falta de que los agentes accedan a los mensajes y correos encontrados durante el registro de su despacho, en una maniobra autorizada por el instructor y a la que se resistía el investigado con el argumento de que esos documentos podrían «comprometer la seguridad del Estado», el atestado de la UCO pone en el disparadero a García Ortiz por la presunta filtración de datos reservados utilizados por la Fiscalía de Madrid para desvelar que el novio de Ayuso reconocía dos delitos contra la Hacienda pública, a cambio de un acuerdo que le permitiese rebajar la pena para eludir la cárcel. Ese comunicado buscaba corregir una falsedad difundida por los asesores de la ‘baronesa’ del PP que pretendían colar la idea de que el pacto había sido ofrecido por el Ministerio Público.

Sin embargo, no todo vale para desmontar un bulo. El argumento empleado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el propio Pedro Sánchez alegando que el fiscal general había actuado «en defensa de la verdad frente a un delincuente» vulnera la obligación de los poderes públicos de preservar informaciones sensibles de las que son custodios y que deben estar al margen de cualquier refriega partidista. Todo lo contrario a lo que insinúa el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, citado a declarar como testigo por el mismo juez instructor al reconocer que disponía de la confesión tributaria de González Amador, supuestamente filtrada desde La Moncloa para erosionar a Ayuso.