El Sociómetro del Gobierno vasco, el primero con Imanol Pradales como lehendakari, retrata una sociedad contenta con su nivel de bienestar y la calidad de los servicios públicos, aunque urja con toda razón la sustancial mejora de algunos de ellos, y en la que la polarización ha quedado reducida a un mal recuerdo. Resulta paradójico que, aunque el Parlamento surgido de las elecciones de abril es el más abertzale desde la aprobación del Estatuto, el rechazo a la independencia se sitúa en sus cotas máximas: el 43% se declara contrario a ella, seis puntos más que en marzo. Solo la apoya un 19% -el mismo porcentaje de ciudadanos que se sienten solo vascos-, un mínimo en una serie histórica que arranca en 1998, el año del Pacto de Lizarra, cuando era del 25%. Esos datos revelan, además de una rebaja de la pulsión identitaria, una amplia satisfacción con el autogobierno que brinda a nuestra comunidad las mayores capacidades de gestión que ha conocido. Un factor que no puede ser orillado en la reforma estatutaria con la tentación por parte del nacionalismo de imprimirle un sesgo soberanista cuando las principales preocupaciones de los vascos son el empleo, la vivienda y la sanidad.