En la vorágine de anomalías, desafueros y arbitrariedades de esta legislatura existe el riesgo de perder la noción de la importancia de cada escándalo. Asuntos como la amnistía, la falta de auxilio en la inundación de Valencia o la corrupción del entorno sanchista empequeñecen ante la opinión pública la gravedad del caso del fiscal general, imputado –otra primera vez– por violación del deber de protección de datos. Y no para desmentir un bulo, como sostiene el argumentario oficialista, sino para perjudicar a una adversaria política utilizando el historial tributario de un ciudadano que mantiene con ella un vínculo sentimental de estricto carácter privado. Un asunto de máxima trascendencia que expone la transformación del Ministerio Público –y de la propia Hacienda– en instrumento al servicio de intereses partidarios. La célebre frase del presidente sobre la Fiscalía –«¿de quién depende, eh?»– se ha convertido en el dictamen más exacto de la apropiación particular de las instituciones del Estado.

Repasemos los hechos. El pasado mes de febrero aparecieron en la prensa indicios serios de la relación del traficante de influencias Víctor de Aldama con la actividad profesional de la mujer del jefe del Gobierno. Y sólo dos semanas después, se filtra la existencia de un acuerdo entre la Fiscalía y el novio de Isabel Díaz Ayuso que incluye el reconocimiento de un fraude de trescientos mil euros. A partir de ahí, y tras un cruce de informaciones sesgadas entre la oficina de Alvaro García Ortiz y el gabinete de Presidencia del Ejecutivo madrileño, el interesado se querella por revelación de secretos y la subsiguiente pesquisa judicial acaba con el sucesor de Dolores Delgado ante el Tribunal Supremo (y su tozudo empeño en aferrarse al puesto). La historia de Juan Lobato aporta contexto: Moncloa disponía del expediente –¿quién se lo dio?– y una funcionaria lo pasó a los medios con el obvio propósito de meter a Ayuso en un aprieto.

Los detalles del sumario reconstruyen una secuencia que implica al fiscal en una batalla de índole política, incluida la urgencia de tomar la delantera –«ganar el relato»– en la confrontación propagandística. Los subordinados de García Ortiz fueron movilizados, incluso sacando a uno de un partido de fútbol, para articular un comunicado con diligencia literalmente «imperativa». La prisa era, en teoría, por defender una actuación susceptible de comprometer el derecho a la defensa del contribuyente afectado, pero la maniobra obedecía a una intención de fondo bien distinta: la de contrarrestar las noticias que involucraban los negocios de Begoña Gómez con los de un oscuro comisionista cuya extensa red venal aún era poco conocida. Y allá que fue a todo trapo una maquinaria institucional encargada de asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Por si alguien no recordaba de quién dependía.