La pregunta del millón es si el cuerpo electoral y la opinión pública están reclamando que el Gobierno dé cuenta, en un debate a corazón abierto, de las ilegalidades de las que le acusa la Justicia. Es decir, que asuma la responsabilidad política de los escándalos que le señalan. Al no existir, de momento, una sentencia firme en los casos Koldo, Ábalos, Begoña Gómez, fiscal general o mascarillas, los grupos del bloque de investidura podrían argumentar que las acusaciones forman parte de una operación política para desgastar al Ejecutivo. El inconveniente es que partidos de Estado estarían señalando a las fuerzas de seguridad (UCO) y a los jueces como cómplices de la presunta campaña.

Pero en las actuales condiciones de polarización y hostilidad entre bloques es una broma hablar de moción de censura. Nadie cambiaría de bloque. No hay prueba, acusación, filtración, confesión de arrepentido o pistola humeante capaces de que alguien abandone al jefe. Únicamente cálculos electorales podrían cambiar el guion. Es el caso de Podemos y el PNV. A los primeros les interesan elecciones para aprovechar la caída de Sumar, y a los segundos, desmarcarse de un bloque izquierdista contrario a los intereses de las clases medias y empresariales que les apoyan. El escenario apropiado sería la negociación de los Presupuestos. Si no salen, el PNV culparía a Podemos y Podemos culparía al PNV. Y ninguno podría ser acusado de hacer el juego a la derecha.