La inmigración es el principal debate europeo de esta época. El fracaso del modelo multicultural y la consiguiente falta de integración de buena parte de la población extranjera han generado una enorme grieta en las sociedades abiertas y extendido una corriente de malestar entre las clases populares y medias, que tienden a canalizar su inquietud echándose en brazos del discurso xenófobo de la extrema derecha. Países de importancia cenital como Alemania o Francia están ya en dificultades muy serias, graves aprietos políticos y sociales surgidos de la incapacidad de sus gobernantes para entender y afrontar el problema, mientras las élites dirigentes de la Unión, imbuidas de progresismo a la violeta, se desentienden del control de fronteras y cierran los ojos a la evidencia de una crisis susceptible de hacer zozobrar incluso el exitoso modelo de convivencia surgido de los escombros de la posguerra. Está en juego el futuro del sistema.

En el caso español, sin embargo, la situación queda aún lejos de parámetros de riesgo inmediato. El porcentaje de inmigrantes, aun creciendo muy rápido, es tolerable y su adaptación mucho más fácil gracias al alto contingente de origen latinoamericano. Hay margen para evitar el colapso si la política aborda el asunto con criterio sensato, para lo cual es menester partir de un diagnóstico exacto, ni apocalíptico ni despreocupado. Ahora mismo existen puntos críticos en Canarias, Ceuta y Melilla, y conflictos de seguridad innegables en ciertos barrios que pueden volverse inmanejables a la larga si no se abordan con un pacto transversal que en las actuales condiciones de polarización se antoja más que problemático. En ese contexto, Vox ha logrado introducir un factor de alarma hiperbólico pero patente en el ánimo de un significativo sector de ciudadanos, colocando al PP entre la presión electoralista y la responsabilidad de Estado.

El órdago de abandonar la negociación presupuestaria en varias autonomías y grandes capitales emplaza a los populares a aceptar el envite y ver las cartas. Sus opciones de constituirse en alternativa al sanchismo dependen de la distancia que sepan establecer entre la derecha radical y la moderada, y ésta es una oportunidad clave para marcarla porque un partido sistémico no puede ser rehén de una amenaza. El desafío merece la pena aunque a corto plazo implique consecuencias antipáticas, y además el caos canario exige una respuesta nacional solidaria. Los presupuestos de las comunidades son prorrogables y en las ciudades cabe plantear cuestiones de confianza. En el peor de los supuestos, la formación de Abascal tendría mucho que explicar si por un puñado de menores africanos acaba bloqueando la financiación necesaria para la reconstrucción de la catástrofe valenciana. Lo que no resulta negociable es la autonomía de un proyecto de vocación mayoritaria para gobernar España.