Esta irregularidad en la periodicidad de las sesiones es ya un dato indicativo de la escasa consistencia institucional que ha caracterizado a lo largo de su precaria existencia a este órgano, en principio destinado a servir de foro de encuentro entre los máximos responsables del Ejecutivo central y los autonómicos. Es asimismo revelador de una situación que presenta serias deficiencias en relación con el funcionamiento de las instituciones que sirven de soporte al Estado autonómico; en especial por lo que se refiere a la continuidad y regularidad que estas han de mostrar para hacer posibles unas relaciones fluidas y estables los gobiernos.

Una de las principales lagunas en nuestro sistema autonómico ha sido precisamente la falta de instancias a través de las que poder canalizar las relaciones de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. A falta de instrumentos orgánicos para hacer efectivas esas relaciones (el Senado no ha cumplido hasta ahora esa misión), la Conferencia de Presidentes ofrecía una plataforma de utilidad para poder cubrir ese vacío institucional, aunque solo fuese de forma limitada en el ámbito propio de las relaciones entre los ejecutivos central y autonómicos.

Ahora bien, para que ello sea posible es necesario que quienes integran la Conferencia de Presidentes tengan un mínimo de voluntad política para poder llegar a acuerdos en las cuestiones a tratar en común, lo que a la vista de la actitud que vienen exhibiendo algunos de sus integrantes resulta bastante dudoso. En cualquier caso, conviene tener claro, antes de abordar las tareas a realizar y de plantear cualquier propuesta, lo que no es un órgano de estas características. En este sentido, la primera consideración a realizares que no es, o no debe ser, un instrumento en manos del Gobierno de turno para convocar o no las sesiones y las cuestiones a debatir de acuerdo con su conveniencia.

Tampoco puede ser un instrumento utilizado por la oposición con la única finalidad de desgastar al Ejecutivo central, planteando cuestiones que poco o nada tienen que ver con las relaciones entre los gobiernos, que es el asunto a tratar en este órgano. Conviene no olvidar que se trata de una instancia cuya función es la de posibilitar las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre las autonomías y el Estado; y es en ese marco en el que han de encuadrarse las propuestas, favorables o adversas, que se hagan. La oposición al Gobierno, en un sistema parlamentario como es nuestro caso, se hace en las Cámaras parlamentarias.

Otra de las prácticas que ha venido siendo habitual, y que es preciso evitar en lo sucesivo, hace referencia a la forma en que se desarrollan estos encuentros. No tiene sentido mantener un órgano cuya actividad se reduce a proporcionar a los medios una foto cuando se reúne, de forma irregular y discontinua además, sin que exista un trabajo previo sobre los temas a tratar y otro posterior para llevar acabo las decisiones adoptadas.

Es preciso recordar que existe un reglamento (BOE 2/4/2022) que regula el funcionamiento de este órgano y que es vulnerado flagrantemente por sus integrantes; empezando por el incumplimiento del compromiso de celebrar dos sesiones anuales (artículo 4.1) y continuando por la no activación de los grupos y comisiones de trabajo para tratar sobre asuntos de interés común previstos expresamente en el texto regulador (artículo 8). No es mucho pedir que, al menos, se cumpla la normativa, aprobada además sin votos en contra en la ultima reunión de La Palma (marzo de 2022).

Dedicar la atención debida, en todo caso algo mas que la prestada hasta ahora, a organismos como la Conferencia de Presidentes nunca está de más; sobre todo teniendo en cuenta el déficit institucional crónico en lo relativo a las relaciones entre el Estado y las comunidades, para lo que este órgano puede tener una indudable utilidad. Sería de agradecer que la sesión de hoy en la capital cántabra sirva para algo más que para hacerse la foto, y hasta la próxima; que además no se sabe cuándo será.