Nuestro sistema sindical, establecido en el Estatuto de los Trabajadores, no es sino un remedo del viejo sindicalismo vertical del franquismo. Ciertamente ya no es obligatoria la afiliación de todos los trabajadores a una organización única, pero resulta que ahora la financiación de los sindicatos no depende de sus asociados –que, entre todos, no llegan a 2,5 millones, o sea, poco más de uno de cada diez ocupados– sino que gravita sobre las subvenciones concedidas por el Estado y las administraciones territoriales. Esto significa que todos estamos adheridos a ellos a través del pago de impuestos, aunque no tengamos ni voz ni voto en su gestión. Esa vinculación está reforzada asimismo a través de la figura del «sindicato más representativo», de manera que CCOO, UGT y algún otro en ciertos ámbitos laborales nos representan aunque nunca les hayamos otorgado nuestro plácet. Y esto abarca la negociación colectiva, el diálogo social, la mediación en conflictos y los asuntos internacionales. Además, la condición de representatividad se adquiere en unas elecciones controladas por ellos mismos, en las que las condiciones de participación son lesivas para las candidaturas independientes, y que carecen de cualquier escrutinio por parte del Ministerio de Trabajo, hasta el punto de que éste nunca ha publicado sus resultados.

Si esto no es cuasi-verticalismo, que venga Dios o la OIT y lo vea. Claro que esta agencia de la ONU no deja de destilar la verticalidad, pues reúne en su seno a gobiernos, empleadores y trabajadores. Así que no parece que pueda hacerse nada en ese ámbito para democratizar el sindicalismo en España y otorgar de verdad a los trabajadores la representación de sus intereses. Entretanto, por si acaso, la ministra del ramo acaba de anunciar que, para el año que viene, la subvención estatal va a multiplicarse hasta llegar a los 32 millones de euros, quince más de los concedidos este año. Yolanda Díaz trata de justificarlo con el IPC y otras zarandajas propias de estas discusiones, incluido un fantasioso aumento de las competencias atribuidas a los sindicatos. Lo que no dice es que, de ese modo, está comprando la aquiescencia corporativa con la política del gobierno. Pero lo que necesita el país es una reforma profunda del modelo sindical.