Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo

La semana empezó bien para el Gobierno al recibir el espaldarazo a sus logros económicos de la prestigiosa revista británica ‘The Economist’. Le faltó tiempo para utilizarlo en el Congreso y acallar las críticas de la oposición usando la opinión como argumento de autoridad. Nada que objetar, cualquier otro Gobierno hubiese hecho lo mismo. Lo malo es que, dada su proximidad en el tiempo, todavía no habíamos olvidado la opinión emitida por la misma revista hace pocas semanas en la que ponía en la picota la política general de Sánchez y criticaba su actitud personal que, decía, «pone en peligro el sistema democrático español». Si vale el elogio de hoy, que vale, también debería valer la crítica de ayer, que era igualmente correcta.

El elogio se fija en el dato del crecimiento, que, medido en términos comparativos con nuestros socios europeos, es ciertamente espectacular. Crecemos más que los demás y de forma apreciable. Pero aquí hay también un pero y bien grande. Pocos días después de emitida la alabanza, el Banco de España -otrora uno de los líderes de la ‘fachosfera’, cuando estaba presidido por el gobernador Hernández de Cos, en cuya silla se sienta ahora un recientísimo ministro del Gobierno y a ver quien le discute el color progresista de su camiseta- desgranaba los componentes de ese crecimiento y deslucía el brillo del logro. Según sus cálculos, desde finales de 2019 hasta el pasado verano, el PIB español ha crecido 5,7 puntos, que es muchísimo, pero el gasto público explica nada menos que el 60% del total; la demanda exterior aporta el 21%, el consumo interno el 13% y la inversión, que es el patito feo, contribuye con un escaso 7%, mientras que el PIB por ocupado ha crecido una simple décima. Se confirman así las acusaciones de que la economía española crece ‘dopada’ por el gasto público.

Por cierto, ahora que ha salido de La Moncloa y habla con menos restricciones partidistas, el ministro Escrivá adquiere una peligrosa querencia por el lanzamiento de fango y la propagación de bulos y empieza a emitir advertencias peligrosas. Dice, nada menos, que los topes a los precios de la vivienda, y en especial a los del alquiler, tienen ‘efectos indeseables’ y llama a la construcción de viviendas para aumentar la oferta y moderar los precios. Los mismos efectos indeseables que tiene el impuesto a la banca, que acabará restringiendo el flujo del crédito. ¿Será posible? Pues sí, lo es. Ahora que se ha despresurizado y recuperado la libertad de opinión, el ministro retorna ¿al sentido común? Cosas veredes…

La parte media de la semana la pasamos entretenidos con el desbarajuste de los zigzageantes recorridos parlamentarios de los impuestos extraordinarios a las energéticas y el que grava la generación eléctrica, que ya nadie se aclara como quedan, soterrados como están bajo un cúmulo enorme de promesas contradictorias y amenazas cruzadas que embellecerán el próximo trámite de aprobación (?) de los Presupuestos Generales. El Gobierno da la misma importancia al imperativo constitucional que a la opinión de un abogado de pueblo, así que ya veremos como queda todo.

Y para terminar esta interesante semana, el viernes se reunió en Santander la conferencia de presidentes autonómicos. Lo sabemos porque hemos visto las fotos del encuentro, pero de ahí a pensar que sirvió para algo que no sea recordar viejos agravios, relatar promesas incumplidas y lanzarse acusaciones mutuas de deslealtad hay un trecho que, por ahora, no vamos a transitar. Y eso que el Gobierno aplicó su terapia favorita de prometer a todos dinero público en forma de condonación de las deudas ‘urbi et orbi’… La aplicó porque siempre le da resultados, y cómo la deuda pública no protesta… De eso se encargará Ayuso, que ¡no debe nada!.

La próxima semana más, pero no mejor, ¡que es imposible!