La petición del suplicatorio contra José Luis Ábalos por parte del Tribunal Supremo ha hecho saltar por los aires el relato eximente que ha pretendido sostener el PSOE.
El juez instructor de la causa abierta por presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia ha acordado este miércoles suspender la inmunidad parlamentaria del exministro. Ha encontrado contra él «indicios bastantes» de la posible comisión de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El magistrado ha determinado que, a partir de las declaraciones de Ábalos, Aldama y Koldo, y de los documentos aportados en la instrucción, constan elementos cualificados para considerar que Ábalos pudiera «haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública» a cambio de «determinados beneficios económicos».
Es decir, que el juez Leopoldo Puente no ha otorgado credibilidad a la versión de Ábalos, quien hace una semana negó la acusación de Aldama de haber percibido emolumentos como consecuencia del amaño de licitaciones durante su etapa en el Ministerio de Transportes.
Y, por extensión, tampoco se ha creído la versión de Koldo, que avaló la de su antiguo jefe desmarcándose de Aldama en su declaración ante el Alto Tribunal este martes. Al igual que el exministro, descargó cualquier responsabilidad en los técnicos subordinados del Ministerio de Transportes, alegando que eran ellos quienes se encargaban de gestionar los contratos con las empresas adjudicatarias.
La hipótesis de una coordinación entre los testimonios se extiende también al PSOE, toda vez que Ábalos defendió en el Supremo que era Koldo quien tenía relación con Aldama.
El PSOE, que en un primer momento condenó al ostracismo a su antiguo número dos, lo rehabilitó una vez que este, lejos de tirar de la manta, ratificó la tesis del Gobierno de que todo el proceso se trata de una confabulación para desahuciar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Pero la resolución del juez, que recoge (en los términos indiciarios) que Ábalos «también intervenía personalmente» en las operaciones en las que intervenía Koldo, deja sin efecto este pacto de no agresión.
Máxime tras las nuevas informaciones que desvela EL ESPAÑOL sobre Carmen Pano, detenida este lunes después de que afirmara haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE de Ferraz. La empresaria aseguró ante la UCO que Villafuel SL pagó un millón de euros en comisiones a Aldama, quien luego se encargaría de repartir ese dinero destinado a lograr gestiones del Gobierno, para que a la empresa le fuera concedida la licencia de empresa operadora de hidrocarburos.
De esta forma, se ha establecido ya una conexión entre las dos causas que tienen como núcleo a Aldama: la del caso Koldo (el presunto sistema de contrataciones amañadas por la Administración con empresas preadjudicadas), instruido por el magistrado Puente; y la de la trama del fuel (el entramado de empresas de hidrocarburos que supuestamente defraudó más de 182 millones de euros del IVA de los combustibles), investigada por el juez Pedraz.
La estrategia del PSOE, que pretendía circunscribir toda la trama a Koldo, ha quedado así desmontada. Cuantas más piezas del rompecabezas van encajando, más serio es el aprieto en el que queda situado el Gobierno de Sánchez.